El presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh)para el 2019 priorizará su inversión en atención a víctimas del periodo de violencia 1980 - 2000, la defensa legal gratuita dirigida a poblaciones vulnerables y la lucha anticorrupción, anunció el titular del sector Vicente Zeballos.
Zeballos dijo ante el
pleno del Congreso que el proyecto de presupuesto para el próximo año asciende a 1,856 millones de soles.
En tal sentido, precisó que este sector reforzará el trabajo de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción; previéndose su participación en 43,591 casos por
delitos de corrupción.
Asimismo, en 2019 se implementará la Procuraduría General del Estado con autonomía funcional, técnica, económica y administrativa; con lo cual se concretará la reestructuración del sistema administrativo de la Defensa Jurídica del Estado.
Por otro lado, se intervendrá en la implementación del
Código Procesal Penal en 32 distritos judiciales y capacitando en esta materia a más de 4,000 operadores de justicia.
En tanto, se realizarán 5,015 revisiones de procedimientos normativos, buscando simplificar los trámites de personas y empresas. Asimismo, se ha previsto llegar al 2.1 millones de accesos ciudadanos a la plataforma de acceso al Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ).
Además, se asumirá la administración de 10 Centros Juveniles en 8 regiones, en los que hay albergados 3,434 jóvenes.
Reparaciones y defensa legal
Sobre la atención a las víctima de violencia, refirió que entre las prioridades será reparar al 2019 a 2,780 comunidades y a 85,701 beneficiarios de reparaciones económicas para alcanzar 48% y 97% del total de inscritos en el
Registro Único de Víctimas, respectivamente.
Igualmente, está la búsqueda de personas desaparecidas, la implementación de la plataforma informática del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade) y el Banco de Datos Genéticos (BDG).
Del mismo modo, se tiene planificado incrementar las atenciones en los servicios que brinda la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, teniendo como meta contar con 359 sedes con 1,596 defensores; a través de los cuales se brindará 953,720 atenciones y 363,931 patrocinios.
A ello se suma la meta de concluir 24,831 procesos de conciliación, para promover una cultura de paz y evitar la judicialización de los conflictos. Asimismo, para el 2019 se ha previsto atender a 9,500 mujeres víctimas de violencia a nivel nacional.
Seguridad y penales
En cuanto al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se proseguirá la política de imponer orden y seguridad en las cárceles. Se proyecta realizar 3,975 operativos, implementar sistemas de seguridad electrónica integral en 11 penales y el uso de grilletes electrónicos en 2,000 procesados y condenados para reducir el hacinamiento en los penales.
En esa línea, con la construcción de 1,512 nuevas unidades de albergue se busca llegar a los 43,170 unidades a nivel nacional. Además, se continuará con la edificación del
Establecimiento Penitenciario de Ica y la ampliación y remodelación del Complejo Penitenciario de Arequipa.
Se incentivará la participación de 12,000 internos en actividades productivas desarrolladas en el marco del programa Cárceles Productivas. Se prevé además atender a 2,979 internos con el Programa de Rehabilitación Penitenciaria.
Inclusión y modernización
El sector proyecta fortalecer los servicios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) mediante 3.8 millones de solicitudes de inscripción y 17.5 millones de solicitudes de publicidad regitral con estándares de calidad.
A través de 1,780 campañas se espera registrar 33,300 inscripciones, particularmente de rondas campesinas; mediante la aplicación (APP) de
Sunarp se proyecta atender 20 millones de consultas y con el Sistema de Intermediación Digital se ha programado atender 250,000 inscripciones.
(FIN) NDP/JCC/FHG
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Publicado: 29/11/2018