07:34 | Trujillo, feb. 2.
Zaima Soledad Valderrama Gordillo, exjueza del Juzgado Especializado en lo Civil de Santiago de Chuco, en La Libertad, fue condenada a ocho años de pena privativa de la libertad, luego de que el Colegiado Especial de Juzgamiento de la Corte Superior de Justicia de La Libertad la encontrara culpable del delito de cohecho pasivo.
La
fiscal Nelly Lozano Ybáñez, de la Tercera Fiscalía Superior Penal de La Libertad, acusó a
Zaima Valderrama de solicitar directamente a Jesús Rojas Saavedra un beneficio económico de 200 soles con el fin de influir en la decisión de un expediente sobre alimentos para que aumente el monto de la pensión fijada por el juez de paz letrado a 200 soles; expediente que se encontraba en su judicatura por apelación de sentencia de primera instancia.
Por esa razón, la
exmagistrada también fue sentenciada a pagar una reparación civil de 40,000 soles a favor del
Poder Judicial y 800 soles a favor de Jesús Rojas, más la restitución de los 150 soles entregados. Adicionalmente, pagará 365 días multa y fue inhabilitada de obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por el mismo plazo de la condena privativa de libertad.
Los hechos
Los hechos tienen como antecedente la denuncia verbal realizada por el agraviado ante la
Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Fiscalía en La Libertad.
En esa oportunidad, Jesús Rojas señaló que cuando fue a visitar a la exjueza para hablarle de su pretensión de incremento de pensión alimenticia, ella le pidió 200 soles para apoyarlo.
El agraviado fue a conseguir el dinero y volvió media hora después al despacho de Zaima Valderrama para entregarle 150 soles que había conseguido, acordando darle el saldo restante en una fecha próxima.
Luego de ello, los fiscales de ODCI planificaron un operativo donde intervinieron en flagrancia delictiva a la exjueza, momentos después de que había recibido de Jesús Rojas los 50 soles restantes del monto solicitado inicialmente.
Para la Fiscalía, estos hechos están configurados en el Código Penal, artículo 395, por lo cual solicitó ocho años de pena privativa de la libertad, inhabilitación como privación definitiva del cargo e impedimento por ocho años para cargo, mandato o comisión de carácter público y el pago de una reparación civil.
El
delito de cohecho pasivo específico (agravado) se configura cuando el agente magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro de tribunal administrativo o cualquier análogo a los anteriores, que bajo cualquier modalidad solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento. Se trata de un delito doloso en el que deben concurrir la conciencia y la voluntad de realizar la conducta.
(FIN) LPZ/MAO
GRM
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Publicado: 2/2/2018