Ejecutivo aprueba modelo de integridad para fortalecer prevención frente a corrupción

ANDINA/Andrés Valle

08:30 | Lima, dic. 28.

El Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), aprobó el modelo de integridad con la finalidad de fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a la corrupción en las entidades del sector público.

Dicha medida se oficializa por medio del Decreto Supremo N° 148-2024-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En tal sentido aprueba el modelo de integridad, el el mismo que incluye principios, componentes y criterios para su implementación y evaluación en las entidades del sector público.

Asimismo, precisa que esta herramienta tiene por objetivo fortalecer la cultura de integridad de las entidades públicas, para incrementar su capacidad de prevención y respuesta frente a prácticas antiéticas o corruptas; y, asegurar un servicio orientado al interés general y a la creación de valor público.

Además, refiere que se encuentran dentro del ámbito de aplicación las entidades públicas comprendidas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

La implementación del modelo de integridad se rige por los principios de adaptabilidad, coherencia, cumplimiento, eficiencia, especialización, excelencia, innovación, liderazgo ético, participación, y sostenibilidad.

De igual modo, comprende componentes como el compromiso de la alta dirección; gestión de riesgos; políticas de integridad; transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas; controles y auditoría; comunicación y capacitación; canal de denuncia; supervisión y monitoreo del modelo de integridad; y encargado del modelo de integridad.

También, refiere que la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros evaluará la implementación del modelo de integridad; dicho proceso se realiza a nivel institucional y, de corresponder, a nivel de red de integridad, considerando que el resultado final que se busca establecer es afianzar una cultura de integridad en el sector público.

Por último, agrega que las entidades públicas comprendidas en la evaluación de la implementación del modelo de integridad están obligadas a proceder conforme a las directrices, lineamientos, guías, herramientas y mecanismos de evaluación establecidos por la Secretaría de Integridad Pública.

(FIN) JCC

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