Lima, ene. 20 (ANDINA).- La titular del Primer Juzgado Penal Supraprovincial de la Sala de Terrorismo, María Salazar, abrió instrucción contra los implicados en la muerte de 118 internos de la desaparecida isla-penal de El Frontón en 1986.
El agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para este caso Julio Quintanilla informó que la magistrada ordenó el impedimento de salida del país de los 11 implicados, todos ellos ex miembros de la Marina de Guerra del Perú.
Señaló que la juez Salazar dispuso el embargo preventivo de los bienes de los investigados y el pago de una caución de cinco mil nuevos soles.
Dijo a la agencia Andina que la magistrada abrió instrucción contra los procesados por el presunto delito de homicidio calificado en agravio del Estado peruano y las víctimas de El Frontón.
Entre los procesados por este crimen ocurrido en el gobierno del ex presidente Alan García Pérez (1985-1990), figuran Carlos Garrido Cabrera, Francisco Herrera Carrasco, Ronald Mcluchran Woodman, Manuel Palma Guevara, Luis Herrera Carreño y Enrique Mecklemburg León.
Asimismo Carlos Alberto Tello Aliaga, César Lobatón Balwin, Luis Enrique Román Rodríguez, Herario Chin Benavides y Pedro Talledo Torres.
Quintanilla refirió que en los próximos días la fiscal superior Roxana Wong emitirá un pronunciamiento en torno a la posibilidad que García y su ex ministro Agustín Mantilla sean procesados por la muerte de los 118 internos.
"Confiamos en que se haga justicia para que este caso no quede impune. Consideramos que la responsabilidad alcanza al ex presidente García y dependerá de la justicia que responda por estos ellos", indicó Quintanilla.
Finalmente, el abogado anotó que los 11 implicados serán interrogados por la juez los próximos 14, 15 y 16 de febrero.
En junio de 1986 se produjo un motín en el pabellón azul en El Frontón, donde purgaban reclusión internos acusados de pertenecer a Sendero Luminoso.
Su debelamiento, por parte de las fuerzas del orden, provocó la muerte de 118 internos.
Investigaciones judiciales señalan que tras el sofocamiento del amotinamiento, se habrían producido ejecuciones extrajudiciales.
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