El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, se mostró de acuerdo con el proyecto de ley, presentado por el legislador Gino Costa (Partido Morado), que establece que condenados en primera instancia por delitos dolosos no pueden postular a cargos de elección popular o ejercer cargos de confianza.
No obstante, consideró importante que exista una lista taxativa con los delitos graves que son objeto de impedimento para postular o ejercer la función pública.
Advirtió que en las campañas electorales se han vuelto un tema “relativamente presente” que postulen candidatos con una sentencia judicial al Congreso u otros cargos de elección popular.
Frente a las críticas a la iniciativa legislativa porque se estaría vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, Lanegra explicó que no se trata de un castigo sino de una restricción que se origina como consecuencia de un objetivo público sobre lo que debe ser la función parlamentaria.
“Una persona con sentencia firme ya pasó por un proceso en la Corte Suprema en cambio en este caso un juez de primera instancia ya dijo que es culpable, aunque todavía falta que el proceso continúe en segunda instancia. Es una situación excepcional de restricción de derecho político”, expresó.
Asimismo, advirtió sobre una situación muy seria de pérdida de credibilidad de estas personas y del riesgo que significa para el Parlamento que al final termina atendiendo el caso de un condenado como un tema de agenda en lugar de temas sustantivos para el país.
“La función parlamentaria no debe convertirse en un mecanismo de protección para personas con problemas penales (…) es momento de cortar y evitar este tipo de señales para la ciudadanía”, sostuvo.
El proyecto de ley del congresista Costa plantea una reforma constitucional que modifica los artículos 34 y 39 de la Constitución Política sobre impedimentos para ser candidato y ejercer la función pública.
(FIN) RMCH/CVC
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Publicado: 29/6/2020