El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial dejó al voto la revisión del indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori en diciembre de 2017.
Carlos Rivera, uno de los abogados de las víctimas, expresó que el trámite del indulto fue ilegal, pues diversos procedimientos como los informes médicos, las directivas a nivel de la Comisión de Gracias Presidenciales y de la dirección del penal de Barbadillo se hicieron de manera irregular.
Agregó que las transgresiones a las normas revelan que existió una negociación política de Pedro Pablo Kuczynski con el congresista Kenji Fujimori para evitar la vacancia presidencial en el Congreso.
“El indulto humanitario fue estrictamente una acción política”, expresó.
Por su parte, Miguel Pérez Arroyo, abogado de Fujimori, alegó que la causa era improcedente porque en la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, de fecha 30 de julio de 2018, que admitió la acción de convencionalidad, mencionó que el proceso penal está en curso.
“El proceso penal ya terminó, estamos en medio de una ejecución penal, esa resolución creemos es ilegal e incluso prevaricadora”, señaló.
Fueron los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos los que plantearon el control de convencionalidad en atención a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Como es de público conocimiento, este organismo supranacional estableció que el
indulto a Alberto Fujmori se revisara constitucionalmente en el fuero interno del país.
El control de convencionalidad constituye un mecanismo que se aplica para verificar que una ley, reglamento o acto de una autoridad de un Estado se adecua a los principios, normas y obligaciones establecidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos.
La audiencia se llevó a cabo en el Palacio de Justicia, ubicado en el Centro de Lima.