El Gobierno promulgó una norma que crea el Centro Especializado en Investigación y Atención Integral y el Observatorio para la Protección de las Personas con trastorno del espectro autista (TEA), destinado a monitorear y evaluar las políticas públicas sobre esta condición.
La
Ley Nº 32382, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, busca atender de forma integral a las personas con TEA a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo a sus familias, con alcance nacional y enfoque descentralizado.
El Centro Especializado en Investigación y Atención Integral tendrá como misión generar y compartir conocimiento científico sobre el TEA, coordinar proyectos con universidades, consolidar estadísticas nacionales y promover buenas prácticas de intervención. También se enfocará en la capacitación especializada a nivel nacional, el trabajo conjunto con gobiernos regionales y locales, y la participación de las familias en todas las estrategias y programadas implementados.
Este centro especializado será descentralizado mediante convenios con universidades, municipalidades y otras entidades para establecer sedes en todo el país.
Por su parte, el Observatorio para la Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista se encargará de recolectar, sistematizar y analizar información relacionada al TEA, con el fin de generar políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de esta población.
Además, el Observatorio, a cargo del Ministerio de Salud (Minsa), monitoreará, recolectará, producirá, consolidará, sistematizará y difundirá datos e información sobre las personas con trastorno del espectro autista, con la finalidad de elaborar propuestas de políticas públicas para el cumplimiento de los derechos constitucionales y en concordancia con la Ley 30150, Ley de protección de las personas con trastorno del espectro autista (TEA).
De igual forma, sistematizará la presencia de los centros especializados en investigación y atención integral para las personas con trastorno del espectro autista que se establezcan a nivel nacional.
La implementación y funcionamiento de ambas entidades será financiada a través del presupuesto nacional, además de contar con el apoyo de la cooperación internacional y donaciones. El Ministerio de Economía y Finanzas asegurará los recursos necesarios para su sostenibilidad.
Finalmente, la ley dispone que el Poder Ejecutivo, en un plazo de 60 días hábiles, apruebe el reglamento correspondiente para la operatividad de estas medidas.
La ley fue refrendada por la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa.