El Ministerio del Interior ratifica su lucha contra la trata de personas asignando para el 2018, un presupuesto aproximado de S/7,5 millones, similar al de este año, informó Miguel Huerta, director general de Seguridad Democrática.
Durante la presentación del V Informe Alternativo, presentado por la ONG CHS Alternativo, el funcionario afirmó que “el sector Interior, con esta asignación prespuestal, reitera su compromiso y voluntad política para combatir este terrible flagelo que afecta a nuestra sociedad”.
De acuerdo con Huerta, el 2017 el presupuesto fue destinado al fortalecimiento de la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú (S/3'230, 209 con una ejecución del 100 %) y a la Dirección General de Seguridad Democrática, órgano del sector que ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (S/3'435,473, cuya ejecución al cierre del año será de 98 %).
Policía Especializada
Como parte de los avances en la lucha contra la trata de personas desde el Estado, Huerta Barrón informó que la Policía Nacional contará con una sola estructura descentralizada especializada contra este delito denominado la ‘Esclavitud del siglo XXI’.
Explicó que se trata de una estrategia que otorga un carácter sistémico y especializado en trata de personas a la PNP y, por lo tanto, los Depintrap ya no pertenecerán o estarán lideradas por las macrorregiones policiales.
En ese contexto, también señaló que otro de los logros fue la ejecución de 21 cursos de capacitación en investigación de trata de personas y protección de víctimas dirigido a los policías, con lo cual se instruyó a un total de 1 050 efectivos policiales de los 26 Depintrap, situados a nivel nacional.
“Antes solo se hacían dos por año, pero en esta gestión se descentralizaron y se coordinó con otros sectores para mejorar las capacidades policiales. En el 2018 se realizarán 26 cursos”, detalló.
Descentralización
Recordó que el Ministerio del Interior, que tiene la rectoría en materia de trata de personas, durante 2017 apostó por la descentralización de la política pública de lucha contra la trata de personas. Esta apuesta se refleja en la asistencia técnica a 14 regiones para la elaboración de sus planes regionales.
“Las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna, Madre de Dios, Loreto, Arequipa y Ucayali, han sido las seleccionadas por su alto índice de incidencia de casos de trata de personas. A algunas de estas se brindó asistencia técnica en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, resaltó Huerta Barrón.
El director general de Seguridad Democrática también se refirió al trabajo transfronterizo que realiza, pues durante la actual gestión se suscribieron tres acuerdos bilaterales, que fueron firmados con Chile, Ecuador y Argentina. Estos se suman a los dos ya existentes con Colombia y Bolivia que cuentan con sus planes de trabajo y hojas de ruta.
“La trata de personas es un delito trasnacional cuya lucha debe contemplar la articulación bilateral entre Estados fronterizos”, puntualizó.
En cuanto al enfoque de interculturalidad, el Mininter cuenta con una versión amigable del Plan Nacional 2017-2021 traducida al quechua y aimara. Además, se está impulsando la traducción de los demás instrumentos normativos, a fin de que puedan ser difundidos a inicios del próximo año en las zonas nativas.
En la presentación del V Informe Alternativo estuvieron presente el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, el presidente del Poder Judical Duberly Rodríguez Tineo, el director de Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), Pedro Códova del Capo, Sebastian Krundberger, representante en el Perú de Konrad Adenauer Stiftung, Krishna R. Urs, embajador de los Estados Unidos, entre otras autoridades.
Más en Andina:
(FIN) NDP/RRC