El Estado peruano ahorró más de 60 millones de soles en penalidades y sobrecostos detectados a tiempo por el control concurrente que practica la Contraloría a las obras de la reconstrucción en el norte del país, informó el titular de este organismo, Nelson Shack.
Este modelo de control, que se aplica desde setiembre de 2017 a la fecha en todas las obras de prevención y proyectos
de la Reconstrucción con Cambios, permitió advertir y corregir las observaciones evitándose así un perjuicio para el Estado.
En base a esa efectividad, el contralor Shack propuso que el control concurrente se extienda también a los proyectos y obras públicas cuyos montos de inversión superen los 100 millones de soles
Una de medida de este tipo, ayudará a reducir el incumplimiento de obras y servicios; sería una garantía en el desarrollo de las intervenciones públicas, y contribuiría a prevenir eventuales inconductas funcionales y de corrupción en proyectos nuevos y en ejecución.
Shack Yalta propuso que los presupuestos de dichos proyectos de inversión destinen un aporte del 2.5% para el control concurrente que aplicará la Contraloría.
“Con ese aporte se implementarán equipos especiales que realizarán el acompañamiento de control en cada una de las etapas de los proyectos y de las obras, por medio de hitos de control ya identificados y puestos en práctica por la Contraloría”, añadió.
Reparación civil
El contralor planteó también que este modelo de control sea incorporado al proyecto de ley que
busca garantizar el pago de la reparación civil de las empresas vinculadas a actos de corrupción y promueve la colaboración eficaz.
Shack participó esta mañana en la sesión conjunta de las comisiones de Justicia y Economía que debaten este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.
Ayudará, según dijo, a destrabar las obras y proyectos actuales que se encuentran suspendidos o paralizados debido al temor de algunos funcionarios públicos para la toma de decisiones.
Ante los congresistas de estas comisiones, el contralor sostuvo que el
Decreto de Urgencia 003, emitido el año pasado para garantizar el pago de la reparación civil, no tuvo los resultados esperados.
Manifestó que es necesario tener en cuenta la reparación civil para garantizar los intereses del Estado y distinguir claramente que las empresas, las instituciones y organizaciones no son corruptas, sino aquellas personas que toman decisiones en esa línea.
Planteó también que la nueva ley de reparación civil en casos de corrupción, que reemplazará al referido decreto de urgencia, debe considerar el control concurrente a todas las modalidades de contratación, no solo las concesiones.
En ese sentido, indicó que es necesario restablecer la cadena de pagos y el aseguramiento de la reparación civil, dado que “los proveedores, trabajadores y profesionales, no necesariamente conocen los malos manejos que hacen sus directivos y no pueden verse perjudicados.
En otro momento, expresó la necesidad de modificar el marco regulatorio para ampliar la responsabilidad de los supervisores de obras, porque éstos deben ser solidariamente responsables en la correcta ejecución de los proyectos.
(FIN) FHG/CVC
JRA
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Publicado: 15/2/2018