Con el fin de mejorar el Sistema Nacional de Control, la Contraloría dispuso que los auditores fortalezcan el proceso de identificación de responsabilidad administrativa de los funcionarios o servidores públicos cuando realicen auditorías de cumplimiento.
En ese sentido, se ha establecido que la comisión auditora que identifique una presunta responsabilidad administrativa grave o muy grave, elabore un análisis jurídico que sustente detalladamente la infracción cometida, el cual será anexado al informe de control.
El órgano de control señaló que actualmente existen 23,000 casos de funcionarios o servidores públicos con presunta infracción administrativa grave o muy grave debido a la falta de una disposición de esa naturaleza, lo cual hace que los procesos sean engorrosos.
Con la nueva normativa, la comisión
auditora debe elaborar un análisis jurídico donde describa la participación de los
funcionarios o servidores públicos en los hechos observados, la identificación y sustentación de la presunta infracción grave o muy grave, la conducta atribuible, relación de causalidad, así como el presunto perjuicio al Estado o la afectación causada a la vida, la salud pública o a otro bien jurídico protegido.
Este análisis jurídico será elaborado y suscrito por el abogado, el jefe y el supervisor de la Comisión Auditora, su elaboración como anexo al Informe de Auditoría de Cumplimiento, es exigible en caso de identificarse una presunta infracción.
La
Contraloría explicó que la elaboración de este análisis jurídico y su inclusión en el Informe de Auditoría facilitará a los Órganos Instructores evaluar el caso cuando sea derivado al PAS o pase al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), quienes actuarán dentro del marco de su competencia.
(FIN) NDP/CVC
JRA
Publicado: 10/10/2017