La Defensoría del Pueblo instó hoy, a través de un comunicado, al Presidente de la República a que observe el proyecto de ley aprobado por el Parlamento Nacional y que condiciona la publicación de materiales educativos al consentimiento de padres y madres de familia.
En ese sentido, rechazan la aprobación de la propuesta legislativa, debido a que contraviene a la Constitución Política y no está alineada con los objetivos de la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030; la Política Nacional de Igualdad de Género; el Proyecto Educativo Nacional al 2036; el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) y los nuevos Lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI).
Asimismo, no se condice con los derechos y principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.
"Solicitamos al Presidente de la República que observe la propuesta normativa recientemente aprobada y solicite su archivo, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 108 de la Constitución y, principalmente, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales suscritas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y en estricto respeto del principio del interés superior de la niñez y adolescencia", refiere.
Asimismo, precisa que la Defensoría del Pueblo considera que el condicionamiento de la publicación de materiales educativos al consentimiento previo de progenitores, "constituiría un peligroso precedente para todas las políticas públicas".
"(...) Pues institucionalizaría –a través de una ley– un derecho a veto por parte de personas con creencias o prejuicios, generando inestabilidad y falta de seguridad jurídica para la protección de los derechos humanos de las personas, y particularmente de las y los estudiantes", precisa.
Además, agrega que ello desconocería el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) para cumplir su mandato de definir la política educativa y pedagógica nacional, pero sobre todo lo limitaría en la definición de los contenidos educativos.
Por otro lado, precisa que la Educación Sexual Integral (ESI), acorde con el segundo objetivo prioritario de la Política Nacional de Igualdad de Género, "contribuye a reducir problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva, como la tasa de embarazos en la adolescencia".
"Además, promueve la igualdad de género, permitiendo reducir o prevenir la violencia basada en el género, crear entornos de aprendizaje seguros e inclusivos, conforme lo ha señalado la Unesco", sostiene.
De igual, asegura que la aprobación de este proyecto "da la espalda a la dura realidad que enfrenta nuestro país" y a los problemas que afectan a las personas en situación de vulnerabilidad, como son niñas, niños, y adolescentes, pues se les impediría el acceso a una educación libre de estereotipos y prejuicios de género.
"Recordamos al Estado, la familia y la comunidad que el derecho a la ESI es parte del derecho a la educación y, además, la obligación estatal relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva implica brindar educación e información integrales teniendo en cuenta las capacidades evolutivas de niñas, niños y adolescentes, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, respectivamente", añade.
Por último, afirma que la Defensoría del Pueblo seguirá vigilante en el cumplimiento de los deberes del Estado para con las niñas, niños y adolescentes, "con especial énfasis en aquellas obligaciones para prevenir la violencia sexual y el embarazo de niñas y adolescentes mujeres".
(FIN) JCC
GRM
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Publicado: 7/5/2022