20:09 | Chimbote, mar. 28.
La Contraloría General de la República hará una auditoría de cumplimiento ante presuntas irregularidades observadas en la subasta pública de terrenos del Proyecto Especial Chinecas para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales de funcionarios.
Así lo manifestó el contralor general, Nelson Shack, durante la última fecha de la jornada de supervisión del control gubernamental en las provincias de Barranca (Lima), Huarmey, Casma y Santa (Áncash), que se inició el martes.
Señaló que la auditoría se hará luego de que el año pasado se notificara a los titulares del Proyecto Especial Chinecas y del Gobierno Regional de Áncash sobre riesgos identificados respecto a la legitimad del consejo directivo del proyecto y la inadecuada preparación de la subasta de terrenos.
Sin embargo, se continuó con el proceso de subasta con la venta de tres lotes a precios irrisorios, sin cautelar los intereses del Estado.
La subasta de lotes no está prohibido, pero la competencia para autorizar este proceso no es del consejo regional de Áncash, sino del Consejo Directivo del proyecto Especial, el cual, hasta la fecha, no ha sido recompuesto de acuerdo con lo que señala la normativa vigente.
Coliseo cerrado
Durante su jornada de supervisión en la provincia del Santa, Shack inspeccionó el coliseo cerrado del distrito de Coishco, obra iniciada en el 2010, con una inversión superior a los 5'700,000 soles y que se encuentra inconclusa desde hace siete años.
Al respecto, anunció el inicio de una auditoría de cumplimiento a la ejecución de la mencionada obra, que registra un avance del 90 %, a fin de determinar posibles responsabilidades.
Además de no estar concluida, se encuentra en estado de abandono, sin ningún tipo de resguardo ni cautela de su integridad, que ha permitido la presencia de basura y sustracción de los sanitarios, entre otros accesorios.
El contralor anotó que esta es una de las obras emblemáticas de la región que podría concluirse y ser puesta al servicio de la ciudadanía, con la aprobación del proyecto de ley de la Contraloría General remitido al Congreso de la República.
Este propone un marco normativo excepcional para que las entidades del Estado reactiven obras paralizadas, específicamente las que tengan un avance superior al 80 %, sin perjuicio de que en paralelo se continúen procesos de arbitraje o de alguna controversia pendiente de solución.
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(FIN) NDP/JOT
JRA
Publicado: 28/3/2019