La Contraloría General de la República evidenció que dos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chincheros, en la región Apurímac, siguen laborando pese a que fueron sentenciados en enero de este año por la Corte Superior de Justicia de Apurímac por el delito de peculado doloso, hecho que prohíbe que presten servicios en el Estado.
Este hecho se encuentra detallado en la
Orientación de Oficio N° 021-2018-MPCH/OCI, elaborado por el Órgano de Control de la Municipalidad, que ha sido notificada al titular de la entidad edil, para que lo valore y adopte la medida correctiva y preventiva pertinente.
De igual forma, se encuentra publicada en el portal institucional
www.contraloria.gob.pe, conforme lo dispone la nueva
Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y el acceso a la información.
Hechos identificados
Según el mencionado documento de la Contraloría, la Corte Superior de Justicia de Apurímac emitió en enero del 2018 sentencia anticipada contra tres funcionarios, que ejercían cargo de confianza en la Municipalidad Provincial de Chincheros, por el delito de peculado doloso. Estos funcionarios fueron sentenciados a dos años de prisión suspendida.
Asimismo, se evidenció que dos de los funcionarios sentenciados vienen laborando a la actualidad en la unidad de Desarrollo Urbano y Asesoría Legal del municipio de Chincheros, lo cual vulnera el Decreto Legislativo 1295, que establece que las personas con sentencia consentida por delitos tipificados en el Código Penal, no pueden prestar servicios a favor del Estado, bajo cualquier forma o modalidad.
La Contraloría sostuvo que comparte oportunamente los riesgos identificados al titular de la entidad, con la finalidad de mejorar los procesos, garantizar la calidad del servicio y que las mismas sean en beneficio de la ciudadanía.
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