Lima, jun. 19 (ANDINA).-La Comisión Especial de Conmutación de Pena no recibió presión alguna para conceder este beneficio a la ciudadana israelí, Lee Hefetz, acusada por tráfico ilícito de drogas, aseguró hoy su representante, Felipe Villavicencio.
Lima, jun. 19 (ANDINA).- La Comisión Especial de Conmutación de Pena no recibió presión alguna para conceder este beneficio a la ciudadana israelí, Lee Hefetz, acusada por tráfico ilícito de drogas, aseguró hoy su representante, Felipe Villavicencio.
“La Comisión de Conmutación es una comisión técnica que opina sobre la resocialización y hacemos una propuesta, algo que el Presidente de la República puede aceptar, rechazar o cambiar”, afirmó en declaraciones al programa Cuarto Poder.
Precisó que “el caso de Hefetz no tuvo algún trato especial porque fue presentado y visto a través de un procedimiento de incorporación donde van llegando los casos y se van decidiendo por parte de los integrantes de la comisión”.
“Cada solicitud que se presenta debe tener un informe psicológico, un certificado de conducta y de trabajo, antecedentes judiciales y un informe social del Instituto Nacional Penitenciaro”, precisó.
Descartó que en esta documentación se haya consignado la supuesta visita que realizaba el jefe de seguridad de Palacio de Gobierno, Avi Dan On, a la ciudadana israelí y que este haya influido en la decisión de la comisión.
“Las conmutaciones operan cuando hay la posibilidad de reducir las sanciones o cambiarlas por otras, según el reglamento de la comisión y que regula el otorgamiento de este tipo de gracia”, indicó.
Manifestó que inclusive hay otros ocho casos que han sido aprobados por la comisión y con situaciones mucho más delicadas de personas que habían tenido penas incluso de 18 a 20 años pero que a los que también se les ha aplicado el criterio de resocialización.
“Si no apuntamos al aspecto de resocialización estaríamos operando con un derecho penal puramente represivo”, aseveró.
En ese sentido, detalló que el derecho penal plantea la necesidad de establecer sanciones más reducidas por las probabilidades de resocialización.
“En el Perú las penas para delitos de tráfico ilícito de drogas son tan altas que los jueces no suelen bajarles y que por pocos gramos de tenencia hay penas de 18 a 20 años”, puntualizó.
(FIN) EBS/DCE
Publicado: 20/6/2005