La Contraloría aprobó la directiva que permite la asistencia técnica de este organismo en el concurso público de selección y nombramiento de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que viene realizando la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Según la
resolución de Contraloría No 216-2020-CG tiene como objetivos establecer las disposiciones para la recepción, evaluación y remisión de las declaraciones juradas de ingreso y de bienes y rentas de los candidatos a estos cargos.
Asimismo, efectuará la gestión de conflictos de intereses de los postulantes aptos para la etapa de entrevista personal a las jefaturas de la
ONPE y del Reniec, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, así como el Reglamento y Bases de los concursos.
La directiva precisa que los postulantes aptos, de ambos concursos, deberán registrar sus declaraciones juradas de manera virtual a través Sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflicto de intereses y el Sistema de registro de declaraciones juradas en línea (ingresos, bienes y rentas).
Evaluación
El documento agrega que la Subgerencia de Fiscalización o la unidad orgánica que haga sus veces, será la encargada de realizar patrimonial y socioeconómica de las declaraciones juradas de los postulantes, en el plazo establecido en las bases, cuyo resultado, con la respectiva documentación de sustento, es remitido a la Gerencia de Prevención y Detección.
Posteriormente se remitirá los resultados a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), previo a la etapa de entrevista personal; información que debe ser guardada bajo estricta y completa reserva, considerando su naturaleza confidencial, no pudiendo ser cedida o comunicada a terceros.
En cuanto a la evaluación patrimonial, se contrastará la información consignada por el postulante en su declaración jurada de bienes y rentas, con la finalidad de "advertir si existen diferencias u omisiones entre lo declarado y lo encontrado en las bases de datos con respecto a su patrimonio".
Mientras que la evaluación socioeconómica, se revisará el entorno social y económico del postulantes, tomando como base la información consignada en su declaración jurada de conflicto de intereses, contrastando con las bases de datos para detectar "riesgos o presuntos conflictos de intereses personales, laborales, económicos y financieros".
(FIN) JCC
Más en Andina:
Publicado: 28/7/2020