Zeballos dijo que observa con preocupación “el mal manejo que se le está dando en nuestra sociedad a la tecnología y, en especial, a las redes sociales, donde muchas veces se esconden los delincuentes y hacen caer con mentiras a los jóvenes, que se convierten fácilmente en víctimas de los tratantes de personas”.
En ese sentido, exhortó a los estudiantes a tener mucho cuidado con el uso de sus datos personales y de sus relaciones interpersonales. Asimismo, les recomendó estar siempre alertas porque de manera astuta “las mafias captan a sus víctimas y cuando quieran reaccionar podría ser demasiado tarde”.
Sobre este tema, el director ejecutivo de Capital Humano y Social (CHS Alternativo), Ricardo Valdés Cavassa, explicó que en el Perú existen registradas 1,815 rutas de trata de personas y que en nuestro país es considerada un delito desde el año 2007.
Alertó que la trata es el segundo negocio criminal más grande del mundo y que los fines más comunes son los siguientes: explotación sexual, explotación laboral, mendicidad y tráfico de órganos.
Indicó, además, que el 93.5% de víctimas son mujeres, aunque no se respeta género ni edades; y que en nuestra sociedad continúa existiendo mucha tolerancia social a la trata de personas.
Seguidamente, Johanna Romero Carrascal, abogada de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, explicó sobre la vinculación de dichos delitos con la criminalidad organizada y cómo las mafias convierten y transfieren recursos mal habidos.
También detalló cómo las redes que se dedican a lavar activos están siendo descubiertas por las autoridades y sus miembros procesados por la justicia.
El ministro Zeballos comentó al respecto que el lavado de activos no tiene mucho tiempo de haber sido incorporado en el Código Penal; sin embargo, ya se han visto buenos resultados en la lucha contra este delito.
En este evento también estuvieron presentes Daniel Reinoso Rodríguez, rector de la Universidad José Carlos Mariátegui-Moquegua; Rendo Delgado Loza, director de la Filial de la Universidad José Carlos Mariátegui en Ilo; y Juan Carlos Sandoval Eyzaguirre, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Minjusdh.
(FIN) NDP/LZD