La expresidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino, consideró como un acierto que el Gobierno haya aprobado la aplicación en el Perú de la llamada muerte civil para evitar que funcionarios corruptos puedan ingresar a laborar a la administración pública.
En declaraciones a la agencia Andina, señaló que el sector público no debe permitir a personas que hayan incurrido en actos de corrupción, e incluso se mostró a favor de que estos delitos no prescriban cuando se cometan en perjuicio del Estado.
Como se recuerda, el Gobierno modificó en octubre pasado el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para ampliar la duración de la pena principal de inhabilitación, e incorporar la inhabilitación perpetua para delitos cometidos contra la administración pública.
Dichas modificaciones se efectuaron mediante un decreto legislativo emitido dentro de las facultades que el Congreso de la República delegó al Poder Ejecutivo para legislar en diversas materias, entre ellas, la lucha contra la corrupción.
Conforme a estas modificaciones, los delitos de corrupción como peculado, malversación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros, tendrán una pena de inhabilitación principal que oscilará entre cinco y 20 años.
“Me parece una medida acertada (…). No hay peor flagelo para una sociedad que la corrupción, particularmente, en el sector público, porque retrae de los más vulnerables los servicios que el Estado debe prestar, como educación, postas, carreteras”, comentó Merino.
Con relación a los sobornos que la constructora brasilera Odebrecht reconoció haber pagado en el Perú, en gobiernos pasados, para ganar licitaciones públicas, Merino Lucero sostuvo que lo más importante es que se llegue al fondo de la verdad.
“Yo creo que las investigaciones deben llegar a todos los niveles en los que, en general, la deshonestidad y la corrupción afectaron al país. Es, en general, un agravio muy profundo a la sociedad peruana”, expresó la también exdefensora del pueblo.
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