El proyecto de ley que reemplaza al Decreto de Urgencia 003 brinda mayor certidumbre a los agentes económicos y financieros para la continuidad de los proyectos, consideró hoy el Instituto Peruano de Economía (IPE).
“Ya los actores del sector financiero y del quehacer económicos han notado que el proyecto de ley que sustituye al DU 003 mejora mucho las condiciones y por lo tanto otorga más certidumbre (a la continuidad de proyectos)”, dijo el gerente general del IPE, Diego Macera, a RPP.
En ese sentido, consideró como punto clave en la propuesta de ley del poder Ejecutivo, presentada al Congreso, los porcentajes fijos a retenerse por reparación civil mientras duren las investigaciones, que irán a un fideicomiso en el caso de empresas que se hayan declarado culpables.
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En el caso de las empresas consorciadas, se tendrá que constituir un fideicomiso en proporción a su participación en los proyectos, lo que permitirá a las entidades financieras tener un panorama más claro de las compañías y definir si prestan o no, sostuvo.
Comentó que el proyecto de ley propone la contratación de consultores internacionales, entre otros, para estimar las reparaciones civiles a favor del Estado y ahí se debería ser más claro para realizar los cálculos de manera objetiva y transparente.
“Los problemas con la procuraduría fueron en la estimación de la reparación civil”, dijo Macera.
Constitución de fideicomisos
La otra novedad del proyecto de ley es que las empresas con investigaciones, como las del “club de la construcción”, puedan acogerse voluntariamente al sistema que tienen las empresas consorciadas y constituir así fideicomisos.
“Estas empresas pueden constituir fideicomisos si quieren porque mantienen sus derechos de persona jurídica, debido a que no han sido condenadas ni declaradas culpables”, señaló Macera del IPE.
Las empresas investigadas constituirían fideicomisos porque esto les brinda seguridad a los bancos y acreedores para continuar su relación de negocios, pues se desconoce aún la reparación civil que impondrán los procuradores, comentó.
Esta iniciativa de ley brinda además más certidumbre a los compradores de los activos que pudieron haber sido obtenidos vía licitaciones fraudulentas, recalcó.
Finalmente, comentó que queda saber si el Congreso aprobará o no la propuesta de ley, presentada por el Ejecutivo esta semana, o si el Ejecutivo emitirá un nuevo DU y si este nuevo DU permanecerá en los próximos meses porque el Congreso puede cambiarlo en marzo.
(FIN) MMG/JJN
Publicado: 9/2/2018