Los Cabitos: IDL considera que sentencia es positiva, pero insuficiente

Sentencia se dictó 34 años después de los hechos, señala Carlos Rivera

ANDINA/Difusión

17:00 | Lima, ago. 18.

La sentencia contra los militares procesados por los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de más de 50 personas en el cuartel militar Los Cabitos, en Ayacucho, en 1983, es positiva pero insuficiente, señaló hoy el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.

“Creo que hay que tomar la sentencia en términos positivos, en el sentido de que efectivamente se está señalando responsabilidad, aunque no en todos los casos. El tribunal pudo hacer un mayor esfuerzo en la valoración de los hechos y testimonios de familiares”, indicó.

Para Rivera, si bien solo se condena a dos militares por los crímenes ocurridos en Los Cabitos, esto implica tanto el reconocimiento de sus responsabilidades como la conclusión de que no fueron hechos aislados sino actos sistemáticos ejecutados por el Ejército de entonces.

“En términos jurídicos es importante que el tribunal haya declarado que fueron crímenes contra la humanidad. Cabitos se convierte así en el acontecimiento más antiguo en el Perú que ha merecido esta calificación”, declaró a la Agencia Andina.

El abogado consideró insuficiente haber sentenciado solo a dos de los varios acusados que hubo, y que ellos no fueran altos mandos militares que tomaban las decisiones, pero dijo que en esto tuvo mucho que ver el tiempo transcurrido.

“34 años después de los hechos, el principal acusado, Clemente Noel, está muerto, y el exjefe del Estado Mayor tiene demencia senil”, recordó al remarcar, no obstante, que la edad o el estado de salud no deben ser justificaciones ante la justicia.

“La sentencia plantea límites serios para el establecimiento de las responsabilidades desde la expectativa de los familiares, que pensaban en un mayor número de personas sentenciadas y hoy están libradas de responsabilidad”, añadió.

Según Rivera, el hecho de que se haya dictado sentencia 34 años después de los hechos “debe plantearnos cuestionamientos en torno a la justicia y el país”.

“No puede responderse así, tanto tiempo después, a quienes han sido víctimas de graves delitos contra los derechos humanos”, comentó el abogado.

(FIN) VVS/SMA

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