La Defensoría del Pueblo solicitó declarar en emergencia ambiental al distrito de Villa María del Triunfo y la intervención del Ministerio de Salud y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), con el fin de prevenir que la acumulación de residuos sólidos se agudice durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
La Oficina Defensorial de Lima Sur realiza diversas coordinaciones con la Dirección de Redes Integradas de Lima Sur – DIRIS del Ministerio de Salud, debido a los casos de vecinos y vecinas que ya informan afectaciones a su salud como consecuencia de la acumulación de la basura, desde hace varias semanas, en distintos puntos del lugar.
Según información proporcionada, la comuna tiene contrato con dos empresas operadoras a cargo de la limpieza, recolección, transporte y disposición final de los residuos, el cual estaría vigente hasta los meses de marzo y mayo. Sin embargo, este miércoles se registraron nuevamente inconvenientes ante la huelga que viene acatando personal obrero y administrativo de la comuna por falta de pago.
Ya en noviembre, indicaron voceros de la Defensoría, exhortamos públicamente a la Contraloría General de la República a fin de actuar de conformidad con sus atribuciones, tras detectar que la inadecuada gestión de los recursos públicos por parte de la gestión saliente estaba ocasionando la paralización del servicio de recojo de basura.
Asimismo, señalaron, en la primera semana de diciembre enviamos un informe de la situación a la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur con el fin de solicitar se pronuncien conforme a sus competencias.
Otro factor que incide en esta situación son los elevados índices de morosidad de los arbitrios municipales. En el 2017, la morosidad respecto de la recaudación era de 61 %; este año, de enero a abril, llegó a 54 %. A esto, hay que agregar que la población de Villa María del Triunfo genera cerca de 400 toneladas diarias de residuos sólidos. Casi 800 gramos diarios por vecino.
Asimismo, entre 2015 y 2018, el distrito tuvo cuatro alcaldes lo que ha generado una crisis institucional. Carlos Palomino Arias, vacado por nepotismo; Angel Chilingano Villanueva, suspendido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de que se le dictarán 18 meses de prisión preventiva al estar involucrado en una organización criminal; y César Infanzon Quispe, suspendido por tener una sentencia de tres años de prisión efectiva por el delito contra la administración pública.
Recientemente, el JNE entregó credenciales a la regidora Anatolia Golac Chamoli, cuyo mandato culmina el 31 de diciembre.
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(FIN) NDP/RRC