Una eventual revocatoria de la exigencia del pasaporte para el ingreso de los ciudadanos venezolanos al Perú sería un “grave retroceso”, opinó hoy el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, al comentar la decisión del Poder Judicial de admitir a trámite un hábeas corpus en ese sentido.
La demanda, admitida por la jueza del Quinto Juzgado Penal de Lima, Celia San Martín Montoya, fue presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la cual alega que la medida dictada por el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Migraciones, supuestamente vulneraría el derecho al libre tránsito.
Rodríguez Mackay desestimó ese argumento al sostener que la propia Constitución establece que ese derecho no es absoluto, y que los Estados son soberanos de fijar algunas limitaciones en el marco de la ley y su política migratoria.
“(Declarar fundada la demanda) sería un tremendo retroceso, en esta visión que debe ser siempre de Estado, respecto a un asunto que no solo le corresponde a Perú sino que es regional. Hubo una corrección respecto a la anterior política migratoria, que había abierto un ingreso ilimitado con Cédula de Identidad a los venezolanos, que permitió que se infiltren algunas personas de dudosa reputación, prontuariados, claramente dicho”, expresó.
Señaló que la decisión del Gobierno peruano de exigir el pasaporte busca asegurar una mejor identificación de las personas que ingresan al país.
“Lo que se busca con el pedido del pasaporte electrónico es asegurar un mejor registro de datos, en la medida que ese pasaporte tiene un conjunto de información del perfil personal para saber que, quienes ingresan al territorio nacional, realmente sean aquellos que escapaban de la pobreza para encontrar un proyecto de vida en el Perú”, apuntó.
Rodríguez Mackay sostuvo que la unidad de la política peruana sobre el tema del control migratorio y de la seguridad interna no solo comprende al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Judicial.
“En la demanda de hábeas corpus admitida se está asumiendo los derechos humanos desde una perspectiva absolutamente errada, que distorsiona la verdadera realidad, como un tema de Estado, como es el fenómeno migratorio”, concluyó.
La jueza del Quinto Juzgado Penal de Lima, Celia San Martín Montoya, deberá decidir en los próximos días, luego de escuchar los argumentos de las partes, si declara fundada o no el hábeas corpus.
La CNDDHH argumenta que la decisión del Estado peruano de exigir pasaporte a los ciudadanos venezolanos que quieren ingresar al país viola la libertad de tránsito, el derecho a solicitar refugio, a la igualdad y no ser discriminado y el derecho de los niños y adolescentes.
Sin embargo, la Constitución establece límites a transitar por el territorio nacional por aplicación de la ley de extranjería.
(FIN) NDP/VVS
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Publicado: 7/9/2018