El ministro del Interior, Mauro Medina, destacó el trabajo conjunto de la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial en el megaoperativo para desarticular a
y dijo que todos debemos ser inflexibles contra la corrupción para dejar un camino a las nuevas generaciones.
Detalló dijo que dicha organización criminal afectaba directamente el bolsillo de las personas que usaban el espacio público en La Victoria, lo cual constituía un acto ilegal y un abuso contra quienes buscaban trabajar.
"Había una gran expectativa de la población en cuanto a la intervención de esta organización criminal porque afectaba directamente el bolsillo de las personas que acudían al mercado de frutas, entre otros", anotó.
Por ejemplo, dijo, habían tickets de parqueo en los que figuraban el cobro de 90 céntimos al día, pero en realidad el cobro final era de 6 soles. Asimismo, en el caso del Mercado de Frutas de La Victoria, a los dueños de camiones se cobraban 40 soles y, si se quedaban todo el día, 400 soles. "Todos esos cobros eran ilegales", apuntó.
Por lo general, la municipalidad de La Victoria no emitía ningún recibo por este cobro, pero cuando lo hacía entregaba tickets por una tarifa de 90 céntimos, bajo el concepto de arbitrio de recolección de residuos sólidos.
Si algún comerciante se negaba a aceptar sus condiciones, los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad de La Victoria ejecutaban operativos de erradicación selectivos con personal de Serenazgo.
El objetivo era despojarlos de sus mercaderías para llevarlas al depósito municipal. En ese lugar solicitaban a sus propietarios pagos para devolverles los productos, con lo cual conseguían intimidar y amenazar a los comerciantes.
El titular del Interior indicó que con este megaoperativo, realizado en 14 distritos de Lima, involucró 51 inmuebles intervenidos y 22 detenidos, entre ellos el alcalde de La Victoria, Elías Cubas, y su hijo Eliseo, el primero de los cuales es acusado de ser el cabecilla.
Los inmuebles intervenidos están ubicados es La Victoria, San Luis, Surco, El Agustino, San Miguel, Surquillo, Ate, Comas, Puente Piedra, Cieneguilla, Manchay, Rímac, Santa Anita, Breña y Cercado de Lima.
Los detenidos son acusados de los presuntos delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, colusión y cobros indebidos.