La comisión de la Mujer y Familia del Congreso aprobó de forma unánime la propuesta legislativa contra el acoso político en perjuicio de las mujeres, planteada por la legisladora Verónica Mendoza.
Durante la sustentación, Mendoza explicó que el acoso político es el acto o conjunto de actos que limitan, anulan, atentan, restringen, contrarrestan o menoscaban los derechos de las mujeres electas, candidatas o autoridades.
Dijo que de acuerdo a un estudio elaborado este año, de 114 mujeres autoridades o dirigentes encuestadas, 51 fueron víctimas de acoso, 24 fueron amenazadas, 22 difamadas, 21 sufrieron obstrucción de funciones y 20 fueron insultadas.
Sostuvo que también hubo casos de violencia física y sexual, y que otro estudio que se realizó en el 2012 reveló que de 187 entrevistadas, el 39 por ciento había sufrido de acoso político.
La congresista indicó que a pesar de que aún no se ha iniciado el debate en el pleno del Congreso sobre el tema, ya existe sensibilidad contra este tipo de actos que afectan a la mujer.
Consideró que se puede llegar a esa conclusión, porque la sola difusión de los resultados de las encuestas a políticas ha motivado que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Ministerio de la Mujer decidan abrir un registro de denuncias sobre el particular.
A manera de ejemplo, la legisladora recordó el caso de la regidora de la provincia de Cotabambas, Ruth Paz, quien fue agredida física y verbalmente por el alcalde Guido Ayerbe Quispe; y el de Martha Hancco, regidora municipal del distrito de Cojata en Puno, agredida física y sicológicamente por el alcalde Celestino Hiquise Tito.
Señaló que el proyecto, presentado a su despacho por organizaciones de mujeres, entre ellas la Red Nacional de Mujeres Autoridades, propone la determinación de los actos que constituyen acoso político, medidas de prevención, y el establecimiento de un agravante penal por sujeto pasivo.
Asimismo, el establecimiento de un tipo de sanción penal y la aplicación de una sanción administrativa como consecuencia de la sanción penal.
De acuerdo a la iniciativa, los ministerios de la Mujer, Cultura, Interior; Servir, los organismos electorales, los gobiernos regionales y locales, las organizaciones políticas, los colegios profesionales y las universidades deben difundir la ley.
Las congresistas Marisol Pérez Tello (PPC-APP), Celia Anicama (NGP), Aurelia Tan de Inafuko (FP), Julia Teves (NGP) saludaron la iniciativa.
De otro lado, la mayoría de parlamentarias optó por plantear un mayor debate en la próxima legislatura de la propuesta que plantea el procedimiento de adopción para niños y adolescentes en estado de abandono.
Pérez Tello se opuso a su votación por considerar que se trata de un tema serio y de gran responsabilidad que obliga a un mayor estudio e investigación.
Mendoza coincidió en ello al referir que la iniciativa legislativa no garantizaría los derechos de los menores, según un estudio de la Defensoría del Pueblo. “Hay necesidad de un mayor estudio”, anotó.
(FIN) NDP/VVS/FHG
Publicado: 16/12/2014