Se debe modificar las normas del proceso administrativo sancionador de las entidades públicas porque la violación prescribe, sostiene la primera ministra de la Mujer afroperuana, Teresa Hernández, con experiencia en la defensa de los derechos de la mujer.
–Usted es la primera ministra de la mujer afroperuana. ¿Qué siente?
–Mucho orgullo. Me siento muy contenta y orgullosa de ser una mujer afro y estar en esta posición porque tengo la posibilidad de trabajar para eliminar la violencia en nuestro país, en los hogares, hacia las mujeres, niñas y adolescentes, sobre todo, y también niños, mujeres con discapacidad y adultas mayores. Es una problemática que conozco desde hace muchos años y sé de la importancia que tiene atenderla y prevenirla.
–Al iniciar su gestión el 1° de abril activó la Mesa de Trabajo de la Mujer Afroperuana. ¿Cuál es su mayor logro después de tres meses?
–Habernos comprometido en desarrollar acciones hacia la autonomía económica de la población afroperuana y de las mujeres en particular. Ellas recibirán asistencia técnica, vamos a buscarles capitales semilla, mercados y ferias donde puedan mostrar sus productos.
–¿En estos momentos existe un servicio que impulsará su gestión especialmente?
–Sí, el servicio de atención rural porque los que ofrecemos por medio de los Centros de Emergencia Mujer son urbanos, se gestionan en comisarías o con alcaldes distritales o provinciales, y están alejados de las zonas andinas y amazónicas.
–En nuestro país aún existe mucha tolerancia a la violencia, se grita y se humilla con facilidad al interior de las familias …
– Así es, por eso lanzamos la campaña ‘Prevenir para proteger’, para evitar la violación sexual a niñas y niños, que está en aumento. Según los datos de nuestros servicios, en el 2019 se reportaron 13,000 casos y el año pasado se llegó a 30,000. Igualmente, más del 50% de la población peruana cree que el maltrato físico y la humillación son formas de disciplina. No se toma conciencia del grave daño que se causa en un lugar donde deberían recibir amor y protección.
–Los grandes ausentes en las tareas de prevención son las municipalidades, no obstante que son las más cercanas a las familias. ¿Qué ocurre?
–Creo que les falta información y voluntad política para orientar sus presupuestos a resolver esta problemática. Los municipios tienen defensorías municipales (Demuna) para proteger a la niñez y adolescencia de su distrito, también centros para sus adultos mayores (CIAM) y oficinas para las personas con discapacidad de su ámbito (Omaped).
Mientras tanto, la prioridad tiene que ser prevenir. La inseguridad que siente la ciudadanía no solo está en las calles, también en los hogares porque allí se cometen delitos graves como la violencia física, la violación sexual y el feminicidio. La campaña la impulsaremos en todo el país, e incluiremos a las direcciones regionales de educación porque el daño que causan, a veces, es irreversible. Las niñas y adolescentes pasan por la depresión, ideación suicida, bulimia y anorexia hasta las adicciones.
–La independencia económica puede variar esta situación. ¿Qué hace el Mimp para promoverla?
–En nuestro país existe un alto porcentaje de mujeres que no tiene ingresos propios. Se calcula que el 30% de la población femenina no tiene ningún tipo de ingreso y depende de otras personas. En la zona rural es el 42%. Por eso convocamos en cada región a las emprendedoras, sus organizaciones, autoridades y empresas privadas para que diseñen planes de capacitación e inclusión financiera. Todos los ministerios lo están haciendo. Lo que pasa es que no lo estamos comunicando como un plan de acción del Ejecutivo.
–Un sistema de cuidados puede acelerar la autonomía económica...
–Efectivamente, se necesitan servicios de cuidado. Nosotras impulsamos un proyecto de ley que no fue aprobado por el Congreso. Pero estamos fomentando que los propios gobiernos regionales y municipales desarrollen servicios integrales para las familias, dentro de los cuales se incorporan los servicios de cuidado porque la mayoría de mujeres que trabaja lo hace en el sector informal.
–¿Considera que los próximos alcaldes y alcaldesas deben procurar estos servicios en sus planes?
–¡Por supuesto! Servicios de atención y cuidado para las familias de sus distritos o provincias porque cada día ellas se sienten más urgidas por recibir orientación y soporte para vivir en armonía, con responsabilidades compartidas y sin desigualdades.
Condorcanqui
“Quisiera aclarar de una vez que para mí y el Mimp ningún acto de violencia está justificado: ni en Condorcanqui, ni en Lima, ni en Cusco, ni en Tumbes. La violencia sexual es un grave problema que afecta a niñas, en su mayoría, y también a niños. Luchamos para prevenirla. Queremos que se desarrollen y hagan realidad sus sueños".
Estas denuncias se dieron a conocer en el 2010, por eso se creó el CEM en Condorcanqui. Llego al ministerio y encuentro que ese centro no puede asumir los casos que faltan denunciar todavía. Lo hemos fortalecido. Además de soporte emocional, el CEM denuncia ante la Fiscalía y el Poder Judicial para que investiguen y apliquen las más drásticas sanciones de forma célere.
Hay que modificar las normas del proceso administrativo sancionador de las entidades públicas porque la violación prescribe. En el proceso penal no. Me sumo al pedido del ministro de Educación, Norman Quero, para que el Congreso apruebe las modificaciones a la Ley de Reforma Magisterial que evitan la prescripción y que los perpetradores sigan en el magisterio. "Quisiera decirles a las niñas awajún y wampis que estamos trabajando para ellas y por ellas”, refirió.