Han pasado más de 13 años desde la promulgación de la Ley N° 29785 en 2011, Ley de Consulta Previa, que promueve un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, su finalidad es llegar a acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas que puedan afectar los derechos colectivos de los pueblos.
A la fecha, según el Ministerio de Cultura, se han realizado 108 procesos de Consulta Previa, de los cuales 9 están en curso, 4 suspendidos y 95 han concluido. Del total de estos procesos, el 50% están relacionados con la autorización para el inicio de actividades mineras o de hidrocarburos, 22% al pedido que se declare como patrimonio cultural algún monumento o zona histórica del país. Mientras que un 12% para que se declare áreas naturales protegidas.
Al respecto, es importante destacar que años atrás las comunidades asentadas en los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón formaron parte de un proceso de Consulta Previa relacionado con los lotes 192 y 8, llegando a acuerdos entre la empresa privada, el Estado y las comunidades.
Como parte de los compromisos que se suscribieron tras la Consulta Previa, se acordó la remediación ambiental de sitios contaminados y mejora de servicios de salud en comunidades afectadas. Sin embargo, advierten que no se están cumpliendo con lo acordado.
Desde 2017, el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas y con la participación del Gobierno Regional de Loreto, se comprometió a atender estas demandas. Sin embargo, las comunidades indígenas sostienen que los compromisos no se han cumplido, lo que ha generado tensiones y el anuncio de medidas de fuerza.
El Apu Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), expresó que las comunidades de la cuenca de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón han soportado más de 50 años de problemas derivados de la explotación petrolera y enfrentan la perspectiva de otros 30 años bajo nuevos contratos.
López Tejada enfatizó que, aunque no se oponen al desarrollo, no pueden seguir siendo pacientes mientras sus territorios sufren daños. Además, solicitó comprensión a las empresas que operan en los ríos mencionados, advirtiendo que tomarán medidas para recuperar sus territorios en los próximos días.
Por su parte, el Apu Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), aclaró que la paralización no busca obstaculizar el desarrollo del país, sino exigir que el Estado y las empresas petroleras cumplan sus compromisos.
Finalmente, Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), subrayó la necesidad de un plan que garantice que no se repitan los abusos ni se incumplan los compromisos con los pueblos indígenas.