La titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal, Luz Carmen Ibañez Carranza, pidió 30 años de prisión para los 7 militares involucrados en los delitos de tortura y desaparición ocurrida en 1983, en el cuartel Los Cabitos, Ayacucho. Foto: ANDINA/Difusión.
13:06 | Lima, set. 07 (ANDINA).
El Ministerio Público pidió 30 años de prisión y el pago de 10 millones de nuevos soles de reparación civil, para siete ex militares por su presunta participación en torturas y la desaparición de 53 personas, en 1983, en el cuartel del Ejército “Los Cabitos”, en Ayacucho.
La titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal, Luz Carmen Ibañez Carranza, fue la encargada sostener los cargos contra los militares involucrados en estos delitos, en el inicio del juicio que se realizó en la Sala Penal Nacional del Poder Judicial.
Los acusados son el general Carlos Arnaldo Briceño Zevallos, los coroneles Julio Carbajal D’angelo, Carlos Enrique Millones Destefano, Roberto Saldaña Vásquez, Pedro Edgar Paz Avendaño, Humberto Bari Orbegozo Talavera y el oficial Arturo Moreno Alcántara, quien fue el único ausente en la sala ya que se encuentra prófugo en Chile. Todos los acusados son miembros retirados del Ejército peruano
Los delitos por los que acusó la fiscal y pidió las severas penas son por uso de la violencia, práctica de la tortura (modalidad agravada del abuso de autoridad), lesiones agravado, secuestro agravado continuado y desaparición forzada.
Asimismo, solicitó el pago de 10 millones de soles por concepto de reparación civil a favor de los agraviados y los familiares de las víctimas.
De los 53 agraviados, 16 personas están vivas y 37 figuran como desaparecidas, presumiéndose que hayan sido victimados dentro del cuartel “Los Cabitos” en Ayacucho.
“Venimos a exponer los cargos formulados contra cúpulas militares que el año 1983 aplicaron una política indiscriminada de violación de derechos humanos en Ayacucho, consistente en detenciones arbitrarias, aplicación de tratos crueles, vejaciones, secuestros, delitos de desaparición forzada en agravio de 35 personas”, manifestó Ibañez Carranza.
El año 2003, luego del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, se envió unas recomendaciones a la entonces Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, quien remitió esa información a Ayacucho donde la Fiscal Cristina Olazabal inició la etapa de investigación.
Se abrió instrucción el año 2005 y el año 2008 la Segunda Fiscalía Superior Penal formuló la acusación.
El juez Ricardo Brousett Salas, presidente de la Sala, indicó que el juicio se reanudará el próximo 16 de setiembre, fecha en que la defensa de los acusados expondrá los alegatos preliminares y se iniciará los interrogatorios.
(FIN) NDP/LIT
Publicado: 7/9/2011