El Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial dictó sentencia contra los militares procesados por los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de más de 50 personas en el cuartel militar de Los Cabitos, en Ayacucho, en 1983.
Tras siete horas de lectura de sentencia, se dispuso condenar a 23 años de cárcel a Pedro Edgar Paz Avendaño (de 79 años), jefe de inteligencia en el destacamento de la llamada Casa Rosada de Ayacucho, por el crimen de Luis Barrientos Taco y otras desapariciones forzadas.
Asimismo, una condena de 30 años recibió el jefe de cuartel Los Cabitos, Humberto Bari Orbegozo Talavera (de 75), a quien se consideró reo contumaz por no asistir a la lectura de sentencia, pese al requerimiento de la justicia, por actos catalogados de violación de los derechos humanos.
Los dos sentenciados fueron hallados responsables de los delitos de asesinato, abuso de autoridad agravada y detenciones arbitrarias, cometidos en el cuartel Domingo Ayarza, Los Cabitos, de Huamanga (Ayacucho), en 1983.
El tribunal dispuso como pena accesoria la inhabilitación de ambos para ejercer cargo o función pública por igual plazo, además incluyó al Estado (Ejército Peruano) como tercero civilmente responsable.
También reservó el juzgamiento de
Arturo Moreno Alcántara, por encontrarse prófugo en
Chile, hasta que sea habido y puesto a disposición de la sala para lo cual se solicitará cada cuatro meses su ubicación y captura en el ámbito nacional e internacional.
Distinta suerte corrió Roberto Saldaña Vásquez, jefe del Estado Mayor Administrativo, quien fue absuelto de cargos por haber insuficientes pruebas en su contra.
El colegiado reservó la sentencia de los militares Carlos Millones Destefano (de 86) y Carlos Briceño Zevallos (de 90), por temas de salud mental y dispuso efectuar cada nueves meses una evaluación médico-legal del estado de salud de ambos encausados.
La sentencia dispone también pagos por reparación civil de S/ 250,000, S/ 200,000 y S/ 150,000 que deberán ser abonados de manera solidaria por los condenados, en favor de los herederos legales y familiares de cada una de las 53 víctimas de los hechos ocurridos hace 34 años.
De las 53 personas que fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos en el cuartel ubicado en Huamanga, 33 siguen desaparecidas.
Solo 19 de las víctimas fueron liberadas después de haber sido torturadas en la instalación militar o en algunos de sus anexos, durante la lucha antisubversiva que entonces emprendió el Perú.
Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas, indicó que impugnarán algunos aspectos de la sentencia.
Los Cabitos fue uno de los casos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó judicializar en su informe del 2003 por la desaparición de pobladores ayacuchanos.
(FIN) MVF/FHG
GRM
También en Andina:
Publicado: 18/8/2017