El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que establece el uso de la firma digital en la remisión de la información presupuestal a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, apostando, según refiere la autógrafa, por la modernización del Estado para una gestión más ágil y eficiente.
La representación nacional, en sesión virtual, respaldó dicho planteamiento por 128 votos a favor, ningún voto en contra ni abstención.
Según la norma aprobada, la información que los funcionarios y servidores públicos deben enviar, por mandato legal a dicha comisión, será elaborada y presentada a través de la Plataforma Digital para Gestión de la Información.
Dicha documentación contiene, entre otras, datos referidos a las resoluciones de aprobación y modificación del presupuesto por cada entidad pública, las evaluaciones financieras trimestrales, semestrales y anuales.
En la sustentación, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Humberto Acuña explicó que más de dos mil instituciones públicas tienen la obligación de remitir su información financiera, presupuestal y contable, y actualmente lo
hacen mediante documentos físicos.
“Para dar cumplimiento a la normatividad vigente, las entidades públicas tienen que preparar, elaborar, imprimir en papel, anillar y enviar información presupuestaria de manera física a la comisión. A la comisión llegan más de dos
millones de hojas de papel cada año, consideramos que debemos apostar por la tecnología y la modernización de la gestión pública”, sustentó.
Dicha información elaborada y presentada por medios electrónicos y firmada digitalmente por los funcionarios y servidores de las entidades públicas, mediante el certificado digital de persona natural incorporado en el Documento
Nacional de Identidad Electrónico, tiene la validez, eficacia jurídica y probatoria que un documento impreso y firmado en forma manuscrita.
De esta manera se busca garantizar la conservación de los documentos electrónicos con firma digital, para lo cual se emplearán sellos de tiempo y mecanismos basados en estándares internacionalmente aceptados que permitían verificar el estado del certificado digital asociado.
La aplicación de la ley será progresiva. En los pliegos de los ministerios y gobiernos regionales a partir del 11 de agosto de 2020; en los gobiernos locales y provinciales a partir del 1 de septiembre de 2020; y para las demás entidades públicas a partir del 1 de octubre de 2020.
La ley también señala que la plataforma digital será desarrollada e implementada, monitoreada y supervisada por el área de Informática del Congreso de la República, y además será financiada con cargo al presupuesto del Parlamento sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
(FIN)NDP/CVC
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Publicado: 15/5/2020