Andina

Contraloría evidencia perjuicio de S/ 2.6 millones en proyecto educativo en Moquegua

Pagaron por bienes que incumplen especificaciones técnicas y no cobraron penalidades a proveedores

La Contraloría General encontró presunta responsabilidad civil, penal, administrativa y dispuso un procedimiento administrativo sancionador contra trece funcionarios y servidores del Gore Moquegua.

La Contraloría General encontró presunta responsabilidad civil, penal, administrativa y dispuso un procedimiento administrativo sancionador contra trece funcionarios y servidores del Gore Moquegua.

19:46 | Moquegua, ene. 9.

La Contraloría General detectó irregularidades en el proyecto de mejoramiento de las capacidades informáticas y tecnológicas de estudiantes de primaria y secundaria de los colegios públicos de la región (proyecto educativo TIC2), lo que generó un perjuicio económico de 2 millones 616,093 soles.

Encontró presunta responsabilidad civil, penal, administrativa y dispuso un procedimiento administrativo sancionador (PAS) contra trece funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Moquegua.

El informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 046-2023-2-5347, que examinó lo actuado por el Gore Moquegua del 28 de agosto del 2020 al 13 de febrero del 2023, determinó que se recibieron y pagaron equipos tecnológicos que no cumplían con las especificaciones técnicas.

Además, se dejó de cobrar penalidades favoreciendo a las empresas proveedoras lo que ocasionó el perjuicio económico de más de 2.6 millones de soles.

Observaciones


La entidad superior fiscalizadora halló irregularidades en la conformidad a la compra de 4,867 computadoras personales adquiridas por 19.3 millones de soles. La empresa proveedora tenía como plazo para entregar los equipos hasta el 20 de diciembre del 2022; sin embargo, recién lo hizo el 27 de diciembre del 2022, según el registro.

Los servidores Gore Moquegua propiciaron que el proveedor efectúe el cambio de guías de remisión remitente en atención a las observaciones formuladas a los equipos informáticos. El residente del proyecto participó de dicho acto, lo que generó que no se aplique la respectiva penalidad al contratista.

También se evidenció que funcionarios del Gore Moquegua permitieron que no se aplique penalidad a una empresa que suministró 1,000 laptops por 3.3 millones de soles. Aunque el plazo de entrega vencía el 21 de enero del 2021, la empresa presentó un documento solicitando ampliación de plazo el 1 de febrero del 2021. 

El Gore Moquegua tenía diez días hábiles para responder el pedido, pero recién el 15 de febrero del 2021 se dio trámite al documento, incumpliendo el plazo establecido en la normativa. A raíz de esto, el gobierno regional consintió el pedido del contratista, otorgó 14 días más de plazo al proveedor y pagó sin aplicar la correspondiente penalidad.

Otro hecho irregular fue que funcionarios del gobierno regional otorgaron conformidad a bienes que incumplían las especificaciones técnicas. Se trata de 300 gabinetes móviles (para guardar y cargar la batería de las laptops) por los cuales el Gore Moquegua pagó 1.3 millones de soles. También se pagó a otro proveedor 393,865 soles por otros 100 gabinetes móviles que tampoco cumplían las especificaciones.

Se detectó que se compraron 800 laptops (para el nivel primario) con características distintas a las solicitadas por el área usuaria sin la emisión del informe previo de evaluación de software.

El encargado del proceso de contratación eligió fichas de producto de una marca y modelo determinado sin justificar la elección y sin comunicar al área usuaria respecto de las diferencias en las características seleccionadas y costo, el cual superó en 61 % al presupuesto considerado según el expediente técnico. Las 800 laptops de la marca Lenovo fueron adquiridas por 3 millones de soles.

El informe de auditoría de cumplimiento se comunicó a la gobernadora regional para que disponga el deslinde de responsabilidades, al Órgano Instructor de la Contraloría para que procese a los servidores con presunta responsabilidad, y al procurador público especializado en delitos de corrupción, así como al procurador público de la Contraloría para iniciar las acciones legales de índole penal y civil, respectivamente, que correspondan.

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(FIN) NDP/TMC/JOT
JRA

Publicado: 9/1/2024