El Ejecutivo prorrogó, por un plazo de 60 días calendario, el estado de emergencia en 25 distritos de las regiones Amazonas, Cajamarca y San Martín, que sufrieron daños por el sismo ocurrido en noviembre de 2021, con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción necesarias, de rehabilitación, que correspondan.
Así lo establece el
Decreto Supremo 067-2022-PCM, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial
El Peruano, que detalla que los distritos de la región Amazonas comprendidos en esta ampliación del estado de emergencia, con vigencia
a partir del 15 de junio del 2022, son Recta, Conila, Camporredondo, Colcamar, Inguilpata, Longuita, Lonya Chico, María, Santa Catalina, San Francisco del Yeso y Santo Tomás, pertenecientes a la provincia de Luya.
Asimismo, en los distritos de Leimebamba y Montevideo (Chachapoyas), Limabamba (Rodríguez de Mendoza); Cumba, El Milagro y Lonya Grande (Utcubamba).
En la región Cajamarca están comprendidos los distritos de San Juan de Cutervo (Cutevo), Santa Rosa (Jaén), Chirinos y Huarango (San Ignacio); mientras que en la región San Martín están los distritos de San Antonio (San Martín), Tingo de Ponasa y Pucacaca (Picota), y Rioja (Rioja).
Acciones a ejecutar
La norma dispone que los gobiernos regionales de Amazonas, Cajamarca y San Martín, así como los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y demás instituciones públicas y privadas involucradas continuarán con la ejecución de medidas y acciones de excepción necesarias, de rehabilitación que correspondan.
En estas acciones cuentan con la participación de los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; del Interior; y de Defensa.
Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes, precisa el dispositivo legal.
Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en este decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente, puntualiza la norma.
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