Con base en una denuncia de la Contraloría General, el ex presidente regional de Tumbes Gerardo Viñas Dioses fue sentenciado hoy a 11 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, que ocasionó al Estado un perjuicio económico por más de 9 millones 200,000 soles.
El Primer Juzgado Penal Nacional halló culpable a Viñas Dioses y a otros cuatro implicados por ocasionar en el 2011 el mencionado perjuicio económico al haber reconocido irregularmente una liquidación mediante una conciliación ilegal dentro de un proceso arbitral a favor de la empresa A&J Inversiones SAC.
Dicha conciliación ilícita se produjo luego de que, sin contar con el debido sustento técnico, la empresa dejó inconclusas e inservibles las obras de saneamiento del proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de la Virgen”, afectando a miles de familias de Tumbes.
Se comprobó que Viñas y los involucrados en el caso defraudaron al gobierno regional concertando intereses con la finalidad de favorecer a la compañía contratista y obtener beneficios, en desmedro de recursos públicos.
Más sentenciados
También fueron condenados otros ex funcionarios regionales que laboraron en la gestión de Viñas Dioses, como el ex procurador público Daniel Castañeda Serrano, a 14 años de cárcel por los delitos de colusión agravada y peculado doloso, y el abogado Juan Carlos Quinde Rojas, de la Oficina de Asesoría Jurídica, con 10 años de prisión por colusión agravada.
Por el mismo caso se sentenció con 10 años de prisión por el delito de colusión al dueño de la empresa A&J Inversiones SAC, Javier Francisco Rodríguez Vences, y con 12 años por colusión agravada y falsedad genérica a César Guzmán Halberstad, presidente del Tribunal Arbitral que resolvió el pago irregular de la conciliación.
Además de la condena a prisión, los involucrados deberán pagar de manera solidaria una reparación civil de 500,000 soles. Asimismo, los exfuncionarios implicados quedaron inhabilitados para laborar en el Estado por cinco años y el juzgado penal decidió suspender las funciones de la empresa A&J Inversiones SAC por el lapso de un año.
(FIN) NDP/JCC
GRM
Publicado: 4/11/2016