El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, advirtió hoy que en las regiones de Lima, Áncash, Ayacucho y Junín se archivaron denuncias por corrupción y peculado sin una investigación diligente de parte del Ministerio Público, en el periodo 2012-2013.
“Hay una serie de problemas en investigaciones fiscales referidas a casos de corrupción y peculado, se aprecia que no ha habido una investigación diligente del Ministerio Público, lo que finalmente genera impunidad frente a los casos de corrupción”, subrayó.
Así lo indicó tras presentar el Informe N°168 “El archivo fiscal de denuncias por peculado y colusión, estudio realizado en Lima, Áncash, Ayacucho y Junín”. El informe revisó 457 denuncias archivadas por diversos factores, de las cuales 121 fueron archivadas inadecuadamente.
Indicó que en las 457 carpetas fiscales revisadas no se encuentra una razón suficiente para haber archivado el caso de manera preliminar, y más bien era necesario que los fiscales pudiesen desarrollar una investigación mucho más prolija.
“Incluso constatamos que el plazo ha excedido y no se han hecho las diligencias necesarias, como pericias, toma de manifestaciones de los agraviados o de los denunciantes”, agregó.
Según el estudio, en las regiones Áncash y Junín los archivos inadecuados llegaron al 32 por ciento, en Ayacucho al 29 por ciento y en Lima al 14 por ciento. La investigación en algunos casos se extendieron en promedio 275 días.
Las demoras se deben principalmente a la tardanza en iniciar diligencias fiscales, a la inconcurrencia de denunciantes, testigos e investigados, y a la demora de las entidades públicas en remitir la información solicitada por el fiscal, precisa el informe.
El estudio revela también que la modalidad de peculado más frecuente es la apropiación de dinero producto de planillas fantasmas en obras y servicios, la apropiación de dinero destinado a obras realizadas con materiales de menor costo, entre otros.
En las denuncias de colusión (el acuerdo para defraudar al Estado) se identifican casos de adecuación de bases en contrataciones públicas, manipulación de términos de referencia, generación de falsas necesidades, etc.
Otra de las dificultades detectadas por el informe es el alto porcentaje de diligencias que se programaron y no se realizaron; en muy pocos casos se precisa el motivo por el cual no se llevó a cabo la diligencia inicialmente programada, hecho que dificulta realizar una supervisión posterior del trabajo fiscal.
En el caso de la toma de declaraciones, se advirtió un alto índice de inconcurrencias. El 76 por ciento de declaraciones programadas no se efectuaron en la fecha dispuesta y en el 59 por ciento de estos casos el fiscal ya no reprogramó una segunda fecha.
Recomendaciones
Ante estas dificultades, la Defensoría del Pueblo recomendó profundizar “el modelo corporativo de trabajo”, que implica compartir diligencias, planificar estrategias conjuntas, investigar casos complejos en equipo y, en general, realizar un trabajo coordinado entre fiscales.
También planteó implementar un protocolos de investigación fiscal que precise “actuaciones mínimas de investigación”, así como implementar una unidad especializada que sistematice y organice la información sobre las denuncias presentadas ante las Fiscalías Anticorrupción.
Asimismo, recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Economía y Finanzas, priorizar en el presupuesto público las necesidades del Ministerio Público para la implementación eficiente del Código Procesal Penal, en particular, para las necesidades que demanda la implantación del modelo corporativo en las Fiscalías Anticorrupción.
La Defensoría del Pueblo ha hecho llegar sus recomendaciones a la Fiscalía de la Nación y a sus distintas instancias, al igual que al Ministerio de Justicia, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y la Contraloría General de la República.
(FIN) MDV/FHG
Publicado: 18/12/2014