El comunicado difundido por la empresa Repsol, que pretende desconocer su responsabilidad civil ante el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, carece de fundamento jurídico, pues busca poner ello en debate con relación a la labor del buque Mare Doricum, las tareas de limpieza, la ayuda económica de emergencia, los adelantos entregados, en razón a que no hay ninguna transacción extrajudicial con valor de cosa juzgada, ni sentencia judicial consentida y ejecutoriada que le exonere de este deber.
Así lo sostuvo el presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Julián Palacín, quien aseveró que el ente técnico está legitimado para demandar judicialmente en representación de los intereses difusos.
“En este caso existen más de 700,000 habitantes y sus familias que se vieron perjudicados en pleno verano con la contaminación causada por el derrame, que ocasionó el cierre de más de 20 playas y balnearios”, comentó.
Agregó que dicha situación golpeó la economía de las personas y de mercados, cuyos rubros económicos giran en torno a los negocios de playa, pesca, turismo, restaurantes, comercio, recreación, entre otros.
“Repsol debe entender que estamos ante una responsabilidad civil objetiva por el riesgo creado y los daños estimados en perjuicio de los consumidores, que superarían los 3,000 millones de dólares más 1,500 millones de dólares por daño moral colectivo”, detalló Palacín.
Palacín exhortó a los jueces peruanos a respetar las normas del debido proceso, tramitar la demanda contra Repsol en defensa de los más de 700,000 consumidores y dos millones de personas que integran su núcleo familiar, ya que, citando el precedente jurisprudencial Epson Valdez, “Perú tiene que hacerse respetar jurisprudencialmente en los derrames de petróleo que afectan a los consumidores”.
El Indecopi presentó la primera demanda civil de responsabilidad objetiva por intereses difusos en Perú contra la petrolera Repsol, a causa del derrame de petróleo en Ventanilla que afectó a consumidores, usuarios y terceros. La demanda civil de indemnización por daños y perjuicios se presentó ante el 27 Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima por 4,500 millones de dólares.
Esta demanda alcanza no solo a la referida empresa, sino a los codemandados, en este caso las compañías Mapfre Perú y Mapfre Global Risks España y sus reaseguradores internacionales, Repsol Comercial S.A.C, Refinería La Pampilla, Transtotal agencia Marítima S.A., Fratelli d’ Amico Amrmatori S.P.A. y los que resulten responsables.
“La razón y el derecho asiste a los consumidores y las normas de ámbito nacional están hechas para hacerlas cumplir y ningún comunicado de Repsol lo afectará. Mantendremos firme nuestra posición indemnizatoria por la responsabilidad civil de Repsol y, para ello, ya está en curso la demanda civil en el Poder Judicial del Perú”, puntualizó el presidente del Indecopi.
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(FIN) NDP/VLA