La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente del Congreso respetará el debido proceso a todas las autoridades investigadas, entre ellas a cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC), sostuvo hoy la presidenta de ese grupo de trabajo, Milagros Takayama.
En la sesión de hoy, se designó al congresista
César Segura (Fuerza Popular) quien encabezará las investigaciones a los actuales magistrados del TC: Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña Barrera.
El mencionado grupo de trabajo investigará si los mencionados magistrados infringieron la Constitución e incurrieron en la presunta comisión del delito de prevaricato al modificar, en marzo de este año, una sentencia firme del TC en el caso de la matanza del Frontón.
Además, el congresista Zacarías Lapa Inga (Frente Amplio) se encargará de investigar si el actual ministro del Interior, Carlos Basombrío, incurrió en la presunta comisión de los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica y falsedad genérica, tipificados en los artículos 428 y 438 del Código Penal por haber pasado a retiro a 39 generales de la Policía Nacional a comienzos del actual gobierno.
Por su parte, Rolando Reátegui (Fuerza Popular) el exmagistrado y expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, incurrió en la presunta comisión de los delitos de prevaricato, de falsificación de documentos y de falsedad ideológica, previstos en los artículos 418, 427 y 428 del Código Penal.
En rueda de prensa, la congresista Milagros Takayama (FP) calculó que antes de concluir la actual legislatura -prevista para el próximo 15 de diciembre- habrá un pronunciamiento parlamentario respecto a si se archiva a o se procede la acusación constitucional presentadas contra estas autoridades.
Takayama aseguró que en cada uno de estos expedientes se cumplirá con el debido proceso y por ello es que mañana martes serán notificados el ministro del Interior Carlos Basombrio, los magistrados constitucionales Miranda, Ledesma, Ramos y Eloy Saldaña, así como el ex magistrado Urviola Hani con la finalidad de informarles que tienen cinco días hábiles para formular sus descargos por escrito a los congresistas designados para ver cada uno de sus casos.
El paso siguiente será la realización de una audiencia pública -por cada caso- con la asistencia de todos los miembros de la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que los denunciantes y los denunciados expongan sus respectivos alegatos y respondan las interrogantes de los congresistas.
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