La Defensoría del Pueblo solicitó información al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) respecto a las medidas que ha adoptado para prevenir y contrarrestar un probable brote masivo de Covid-19 en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
También se ha requerido información sobre la ejecución de los S/ 10 millones que le fueron transferidos para reforzar el sistema de prevención y contención frente al coronavirus, y si el plan de ejecución ha sido coordinado y aprobado por el Ministerio de Salud.
Como se recuerda, hasta la fecha se ha informado que 4 internos del penal del Callao padecen ya esta enfermedad.
En similares términos, la Defensoría viene solicitando información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre las acciones y medidas adoptadas para atender los centros juveniles, que albergan a más de 2000 adolescentes infractores de la Ley Penal.
Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo ha elaborado un informe especial que contiene un conjunto de recomendaciones concretas que considera necesario implementar para garantizar la vida, salud e integridad de las y los internas/os (que incluye a niños y niñas que viven con sus madres en cárceles) y del personal a cargo de su custodia y tratamiento.
Debe tenerse presente que el COVID-19 constituye uno de los más grandes problemas de salud pública que ha afrontado el país, siendo por ello obligación del Estado, a través del Ministerio de Salud, brindar todo el apoyo humano y logístico necesario al INPE.
Por su lado, la citada institución tiene a su cargo la custodia de más de 97,111 personas privadas de libertad y además del personal penitenciario que asciende a un aproximado de 11 339 personas.
De no adoptarse las medidas necesarias con la urgencia que requiere la situación, la salud de las personas privadas de libertad y personal penitenciario se verá seriamente comprometida, según considera Defensoría, habida cuenta de las condiciones de hacinamiento e insalubridad que ya existían en los penales antes de la llegada del Covid-19 al país.