El juez federal de San Francisco, Estados Unidos, Vince Chhabria, dispuso que el expresidente Alejandro Toledo sea puesto en libertad bajo fianza el 22 de octubre si no se cambia el régimen carcelario de aislamiento.
La resolución del juez federal, que revisó el pedido de libertad de Toledo en apelación, señala que si el Gobierno norteamericano puede identificar un arreglo alternativo de detención para el expresidente, podrá presentar a la corte una petición a más tardar hasta el 22 de octubre.
De presentarse la petición, dispone que se suspenda automáticamente la decisión de la corte hasta el 29 de octubre, fecha en la cual el tribunal puede programar una audiencia si fuera necesario para escuchar a las partes.
La respuesta de Toledo, asimismo, deberá presentarse hasta el 25 de octubre.
En ausencia de una moción ante el tribunal que deje sin efecto su decisión, el juez dispone que Alejandro Toledo sea puesto en libertad el 22 de octubre, sujeto a las restricciones recomendadas por la oficina de servicios preventivos.
El abogado Graham Archer, defensa legal de Alejandro Toledo, pidió revisar su detención argumentando que el régimen de aislamiento en el cual se encuentra desde su detención el 16 de julio es una "circunstancia especial" que podría justificar su libertad por el deterioro de su salud mental.
El expresidente, quien enfrenta un proceso de extradición al Perú, se encuentra en una celda de aislamiento de la cárcel de Santa Rita, en el condado de Alameda, California, debido a su elevado perfil político y por ser la única manera de garantizar su seguridad.
Las condiciones del confinamiento de Toledo han llamado la atención del juez Chhabria, quien ha pedido al Gobierno estadounidense alternativas a esa modalidad carcelaria.
En la víspera, Chhabria sostuvo que esta opción es la mejor manera de poner remedio a sus recelos al encarcelamiento en solitario sin ceder a la petición de la defensa de conceder la libertad bajo fianza.
Toledo está acusado por la fiscalía peruana de haber recibido 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecerlo en la licitación de la carretera Interoceánica.