La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró hoy procedente una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el prófugo ex presidente Alberto Fujimori.
Lima, jul. 19 (ANDINA).- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró hoy procedente una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el prófugo ex presidente Alberto Fujimori.
El titular de este grupo de trabajo, José Luis Delgado, explicó que la denuncia constitucional contra Fujimori es por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la figura de colusión ilegal en agravio del Estado, por excluir de la publicidad estatal a algunos medios de comunicación.
En este caso también estaba comprendido el ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi, contra quien la denuncia fue declarada improcedente por haber caducado el plazo para acogerse al beneficio del antejuicio político.
La subcomisión también declaró procedente una denuncia constitucional contra el ex ministro de Justicia y ex canciller Diego García Sayán, supuestamente por haber conmutado la pena y dispuesto la liberación de dos sentenciados por terrorismo.
Esta denuncia fue presentada por Francisco Diez Cansejo Távara, presidente del Consejo por la Paz, con la adhesión del congresista Rafael Rey Rey, por presunta infracción de la Constitución y comisión de los delitos previstos en los artículos 385 y 399 del Código Penal, en ejercicio de sus funciones.
Según la acusación, García Sayán habría firmado dos resoluciones ministeriales de carácter secreto para indultar, en unos casos, y conmutar la pena, en otros, contra sentenciados por delitos de terrorismo, cuando se desempeñaba como ministro.
Ambas denuncias serán vistas por la Comisión Permanente, en fecha aún no programada.
Durante la sesión, se dio cuenta de la presentación de dos denuncias contra vocales supremos. La primera contra los magistrados José Balcázar Zelada, Pastor Barrientos Peña, Robinson Gonzales Campos, Hugo Príncipe Trujillo y César Vega, por su presunta responsabilidad en la liberación de los hermanos Wolfenson.
En tanto, la segunda fue contra los vocales Barrientos, Gonzales, Príncipe y Vega, por haber ordenado la excarcelación de los mismos hermanos, en aplicación de la Ley 28568, que computaba los días de arresto domiciliario con los días de prisión efectiva.
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