Respecto a las diversas irregularidades encontradas en varias consultorías u obras adjudicadas en La Libertad, el representante de la Contraloría General en esta jurisdicción, David Quiroga, advirtió que este tipo de problemas se han convertido en algo recurrente en la región.
“Lo recurrente que estamos detectando aquí en la región, es que los profesionales que han sido ofertados por el contratista, cuando estamos haciendo la evaluación correspondiente, no los encontramos en la obra realizando una labor efectiva como corresponde”, aseveró.
Según el
contralor de La Libertad, lo que sucede es que no están trabajando en el proyecto, como en el caso de las firmas falsas en la consultoría para la rehabilitación de la vía en Santiago de Chuco, “o en su defecto, hemos identificado que están haciendo obras paralelas hasta en 8 sitios y en sitios tan difíciles de llegar como Pataz, Arequipa, Áncash, Huánuco, Chepén. Estos problemas lo estamos encontrando en obras como en Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Gran Chimú, Huamachuco, Ascope”, manifestó.
Sin embargo, indicó que esto es algo irregular pues el contratista cuando se presenta a un concurso público, ofrece un cuadro técnico de profesionales “que no tiene por qué modificar, alguien tiene que hacerse cargo de la parte técnica, esas obras están alejadas, imagínate que no esté allí el especialista, qué se hace con esas obras porque en Julcán por ejemplo, hemos encontrado que en las obras del año pasado están creciendo plantas en medio de la pista. Ahí uno se da cuenta que el problema es la ausencia de profesionales o los profesionales están en varios lugares a la vez sin que se pueda supervisar”, apuntó.
El funcionario comentó que la limitación que tienen como Contraloría General de la República es que ellos solo trabajan en el ámbito del funcionario público, no frente al privado. Y es por esto que se amerita la realización de auditorías para determinar responsabilidades.
“Se da un contrato y tienen que haber condiciones para yo pagarte. Hay un profesional de la institución que dice ‘sí señor, esto ya está avanzando’ y procede el trámite administrativo, se afecta, se adjudica y se paga. Por eso dicen que el estado se demora en pagar, porque hay filtros administrativos. El problema pasa porque el funcionario público no está haciendo su trabajo”, explicó.
Según Quiroga, el Estado solo puede recuperar el 10 % del monto de inversión. Por eso es necesario que las organismos públicos pongan controles: para ir cautelando que se cumpla con lo estipulado en el contrato y si las penalidades van a exceder este porcentaje, es mejor rescindir el contrato.
“Para quedarse con la garantía, no afectar los recursos del estado, sancionar a la institución, que se inhabilite y que no vuelva más a contratar con el estado. Aquí lo que está sucediendo es que no se cautela el cumplimiento del contrato y el contratista no es sancionado, continúa trabajando aquí, allá porque no hay quien los sancione”, refirió.
Quiroga manifestó que el año pasado su institución realizó 74 auditorías y el 2021 se harán 92, mientras que ya se han hecho 284 servicios de control simultáneo. Con toda esta información recabada, “Voy a iniciar la identificación, porque ya tenemos una base de datos importante, que va detonando còmo se están haciendo las obras aquí en La Libertad”, dijo.
Disponibilidad del terreno también afecta avance de obras
Consultado sobre los problemas con la disponibilidad del terreno para la ejecución de obras, el contralor dijo que esto es también un problema recurrente. “Estamos viendo que las obras más importantes de la región que son seis de saneamiento que estamos viendo en esta oportunidad y que es un orden de inversión de 300 millones de soles, tienen una característica particular: la institución que va a ejecutar no se asegura de tener la disponibilidad del terreno”.
Y, de acuerdo a la Ley de Contrataciones Públicas, para empezar a ejecutar una obra es necesario contar con el expediente técnico y los recursos aprobados. Así como la disponibilidad del terreno.
“Hemos visto en algunos casos que incluso cuando ya se ha construido, ese terreno todavía seguía siendo de un tercero”, informó. Pero, más preocupante es que en algunos casos “el tercero dice ‘ya pues, ya construiste, pero es mi terreno, esa no es obra pública. Yo no te voy a ceder’”. Y todos esos recursos se habrán desperdiciado entonces.
Por último, refirió que el año pasado el 84 % de los 18 millones de soles en perjuicio económico para el estado, corresponden a obras públicas y 10 millones eran solo de Trujillo, de obras ejecutadas por el gobierno regional, la municipalidades provincial y las distritales, Hidrandina y Chavimochic.
“Este año vamos a entrar a lo que es saneamiento, que son las obras más grandes. desde ya, se ve que son problemáticos porque las obras no funcionan, las obras están paralizadas”, advirtió.