Lima, mar. 06 (ANDINA).- De julio del 2001 a la fecha sólo a dos congresistas se les ha levantado la inmunidad parlamentaria para que respondan ante la justicia, y 35 pedidos de esa naturaleza fueron archivados, según cifras de la comisión respectiva del Poder Legislativo.
A menos de cinco meses para que culminen cuatro años de labor parlamentaria, Alfredo González y Leoncio Torres Ccalla son los únicos padres de la patria a quienes se les levantó la inmunidad, ambos a finales del 2004.
Al respecto, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), comentó que estas cifras confirman la percepción de la población: la inmunidad parlamentaria se ha convertido en un mecanismo de protección de congresistas con problemas, cuando no de impunidad.
Sostuvo que en vez de esperar un cambio de actitud, "para que otorongo se anime a comer otorongo", la sociedad civil debe exigir una reforma puntual del derecho a un antejuicio político, para garantizar que no sea utilizado como impunidad.
De acuerdo al artículo 93 de la Constitución, los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante.
Rivera señaló que la mayoría de los pedidos de levantamiento de fuero planteados en este periodo han sido por delitos presuntamente cometidos antes de que el sospechoso se convierta en congresista, "con lo cual la inmunidad se utiliza como un mecanismo de protección institucional".
Recordó que al Congreso no le quedaba otra salida que levantarle la inmunidad a González y a Torres Caclla, pues hubiera sido un escándalo no haberlo hecho, debido a los graves delitos que se les imputa.
Según una encuesta del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima de diciembre último, un 79.8 por ciento de la población de Lima y Callao está a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
Cabe indicar que los legisladores Martha Chávez y José Luna León se encuentran suspendidos por acusación constitucional, mientras que Luz Salgado y Carmen Lozada fueron reemplazadas por Martha Chávez y Martha Moyano.
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