La ciudad de Trujillo, región La Libertad, se ha convertido en una urbe de mayor incidencia del delito de trata de personas debido a un incremento de casos en los últimos años, reveló la fiscal especializada en delitos de trata de personas, María Horna.
Horna mencionó que en 2019, se registraron 147 casos y de estos, 103 eran de Trujillo, 26 de Chepén y 18 de Virú. En 2020, se tuvieron 46 denuncias, de estas 38 fueron en Trujillo, 5 en Virú y 3 en Chepén, 3. Y, en lo que va del año de un total de 25, 23 son de Trujillo, 1 de Tayabamba y 1 de Chepén. “Somos origen y destino”, manifiesta.
Pero la gravedad de este delito es que sus víctimas son personas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres y migrantes en general. Esto es confirmado por las cifras que maneja la Fiscalía de La Libertad, siendo que de enero a julio, se rescató a 1 víctima de 12 años de edad, 14 de 13 a 17 años, 7 entre 18 y 24, 5 víctimas de 25 a 34 y 1 víctima entre 25 y 44 años.
Además, la finalidad más recurrente de la
trata de personas es la explotación, con 26 personas rescatadas durante este año y en el caso de explotación laboral, fue solo una. De estas, la mayoría fueron mujeres y solo 1 varón proveniente de los andes fue registrado como víctima de trabajo forzoso en una casa, según información de esta institución.
Respecto a la forma en que fueron captadas, en la mayoría de los casos fue a través de las redes sociales. Constituyendo un factor recurrente Facebook, por el que se atrajo a 11 personas, mientras que por WhatsApp a 4 personas y 1 por LinkedIn. “También se está utilizando bastante a personas conocidas. El tratante capta a la menor N de 14 o 15, y a esta le pide que traiga a otras amigas de su edad. Y todas resultan siendo tratadas y entran al mundo de la explotación sexual”, refiere María Horna.
Para recuperar a las niñas afectadas por este delito, la ley les da un tratamiento especial. Explica que “no se requiere que se haya concretado la finalidad, sino que basta que se la capte, se la transporte o traslade, que se dé alguna conducta de tipo penal para que se considere trata. Por eso es que la trata es un delito en proceso, porque basta con que se dé una conducta para que se configure el delito, no es necesario que se den todas”. En el caso de los mayores sí se requiere que haya violencia, amenaza, abuso de poder, etc.
En el caso de las
extranjeras, vienen con una oferta de trabajo engañosa en un negocio lícito, y supuestamente, ellas pueden entrar allí para ayudar económicamente a su familia. Para ello, el tratante las transporta y cubre los gastos de traslado, pero cuando llegan acá les dicen que se trata de servicios sexuales, con el enganche de la deuda que les ha generado el transporte desde su país.
“Ellos les dicen: me debes dinero y tienes que trabajar. Ahí las están explotando porque no conocen aquí a otras personas porque son ellos, sus conciudadanos, los que las han traído, a quienes conocen, que las coaccionan para que trabajen en esto. Tenemos 4 víctimas venezolanas, 1 ecuatoriana y 1 colombiana”, advierte la fiscal.
El Ministerio Público cuenta con una Unidad de Víctimas y Testigos, formado por un equipo multidisciplinario que les brinda el apoyo, no solamente psicológico, social y legal, sino, en el caso de las extranjeras, también económico y de vivienda. “Son atendidas en todos sus requerimientos, son acompañadas, hacemos conexión con sus embajadas para determinar su situación. Si deciden quedarse, coordinamos con Migraciones para que les den el documento correspondiente”, indica.
Mientras que los autores del delito de trata de personas reciben en su tipo básico, una pena de 8 a 15 años. Pero, en su figura agravada, ya sea por pluralidad de víctimas, cuando afecta a menores de entre 14 y 18 años, cuando la persona es discapacitada, o cuando el delito es cometido entre varias personas, pueden ser hasta de 25 años de cárcel.
María Horna recuerda que la trata es un delito que no solo es adjudicado a quien ofrece el servicio, sino al que compra, “el parroquiano que solicita a través de las redes sociales un encuentro sexual que a veces piden niñas, adolescentes y pagan por ese servicio”, e inclusive, a los propietarios de hostales, hoteles y hospedajes donde se desarrolla la explotación sexual, por permitir que niñas entren allí a ejercer estos servicios.
“Ellos también son sancionados con pena de cárcel, porque favorecen a la explotación sexual. Ya tenemos a una persona que está en cárcel por haber permitido este delito”, acota la fiscal, citando el reciente caso del Hotel Ranger en Trujillo, donde se encontró a una menor de 12 años. “El dueño del hostal las dejaba entrar y las niñas hacían los servicios dentro del mismo hostal con el tratante allí”.
Por todo ello, informó que en la Fiscalía Especializada de Trata de Personas están en una campaña de concientización sobre las consecuencias que genera este delito. “Porque en este delito se compra y vende al ser humano, que se convierte en una mercancía. No vendas, no compres seres humanos, porque este delito afecta nuestra dignidad”, apeló.
Concluyó señalando que durante la primera mitad del año su despacho ha realizado 14 operativos preventivos y 6 de rescate, gracias a información de inteligencia de la Policía Nacional. Además, han detectado algunos casos de organizaciones criminales que están detrás de este delito, y de otros más, que están en investigación.