La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó el mandato de detención preliminar por 10 días contra el suspendido gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, investigado por presuntamente liderar la organización criminal El Imperio del Mal cuando era alcalde del distrito chiclayano de La Victoria.
También contra los investigados María Rita Castro Grosso, William Sime Castro, Salomón Santiago Caján Aguinaga, Harry Arturo Gonzales Solano y Wilfredo Castro Carmona.
En tanto, dispuso que se revoque la detención preliminar contra el suspendido vicegobernador regional, Luis Alberto Díaz Bravo; Germán Pisfil Agapito, exgerente del gobierno regional de Lambayeque; Leoncio Páucar Merino, José Reyser Chinguel Calle; Wilmer Vásquez Guerrero y Walter Mondragón Vera.
De las diligencias fiscales, la declaración de un colaborador eficaz y otras pesquisas se ha establecido que en la municipalidad distrital de La Victoria, durante el periodo 2015-2018, se habría constituido la organización criminal El Imperio del Mal, destinada a cometer delitos de corrupción de funcionarios (cohecho pasivo, cohecho activo y tráfico de influencias).
Miembros
Esta habría sido liderada por Anselmo Lozano Centurión, alcalde de ese entonces, e integrada por sus colaboradores cercanos, que eran funcionarios ediles con capacidad de decisión administrativa, vinculados a contrataciones públicas.
Es el caso de Harry Gonzales Solano (División de Desarrollo Urbano y Rural), Wilfredo Castro Carmona (Asesoría Legal), Dick Carlo Silva Tacones (jefe de División de Estudios y Proyectos), Walter Enrique Mondragón Vera (jefe de Abastecimiento), Germán Pisfil Agapito (jefe de la Unidad de Contabilidad).
Asimismo, Leoncio Páucar Merino (teniente alcalde), Luis Díaz Bravo (regidor) y Rita Castro Grosso (gerenta municipal), quien suscribía en representación del alcalde –en la mayoría de los casos– los contratos con las empresas que obtuvieron la buena pro.
Se informó que William Sime Castro, hijo de la gerenta municipal, se vinculó con AC&A Constructora EIRL, donde prestó servicios. En la empresa se habría implantado un modus operandi en los procesos de contratación de obras públicas, en los cuales los funcionarios recibían o solicitaban dádivas a los postores.
Los contratistas habrían entregado dádivas a fin de obtener la buena pro en los procesos de selección o continuar obteniéndola en otras obras del municipio.