Muchos jóvenes desesperados por hacer realidad sus sueños y salir de la pobreza son víctimas de personas inescrupulosas que les ofrecen trabajo a cambio de altos montos de dinero. Nada más alejado de la realidad porque lo que en verdad quieren es someterlos a trabajos forzosos para sus propios fines.
El trabajo forzoso es un delito en el cual una persona es sometida u obligada a realizar un trabajo en contra de su voluntad, una labor que atenta contra su libertad de trabajo y su dignidad humana.
Es por ello que es considerado una forma moderna de esclavitud, porque vulnera los derechos humanos de las personas afectadas, ya que impide la decisión libre de trabajar o no, elegir para quiénes y en qué condiciones.
Quien comete este delito en el Perú puede ser sancionado hasta con 25 años de cárcel, o el pago de una multa hasta de S/ 920,000 (200 UIT).
Colombianos en el Putumayo
En el puerto Leguízamo, en su natal Colombia, ocho ciudadanos colombianos estaban buscando trabajo en el sector agricultura o en la actividad maderera. Pero no tenían suerte, les apremiaba una gran necesidad económica que los llevó a aceptar las propuestas de ‘Oscar Patas’, ‘El Negro’ y ‘Chique’, tres individuos que en base a mentiras y, sin que ellos se dieran cuenta, los hicieron cruzar la frontera hasta el Perú, para trasladarlos a la localidad de Soplin Vargas, en el distrito de Teniente Manuel Clavero, provincia del Putumayo (Loreto).
En ese lugar los mantuvieron retenidos contra su voluntad, aislados y trabajando en la cosecha, fumigación y carguillo de la plantación de coca, sin ninguna remuneración. Inclusive, los amenazaron de muerte si trataban de escapar o se negaban a trabajar.
Como desconocían el lugar adonde los habían llevado, no podían huir, no sabían hacia dónde ir y menos en quien confiar. Así que estuvieron un mes y medio en esa situación. Laborando sin descanso, viviendo en condiciones infrahumanas y mal alimentados.
Hasta que un día, en medio de ese escenario, la Policía Nacional del Perú llegó hasta la zona e intervino el lugar en un operativo. Los ocho ciudadanos colombianos fueron detenidos tras declarar que solo eran ‘raspachines’, es decir, los que se encargaban de rascar la hoja de coca.
Aunque todas las condiciones configuraban el delito que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) califica como trata de personas con fines de trabajo forzoso, y los jóvenes colombianos fueron encontrados en condiciones de coacción, fueron acusados de tráfico ilícito de drogas y recluidos en un penal.
Sistema judicial insuficiente
Parecía que iban a recobrar su libertad, pero no fue así. A pesar de que su defensa señaló que no eran dueños de los terrenos, y no actuaron de manera voluntaria, pues estaban amenazados y en una zona carente de vías de acceso y salida.
Sin embargo, el juzgado colegiado señaló que el confinamiento por sí solo no acreditaba el engaño y la coacción de la que habrían sido víctimas, por lo que se necesitaban más elementos probatorios.
En ese contexto, los jóvenes colombianos fueron condenados a 15 años de cárcel. Luego, la Fiscalía contra la Trata de Personas (Fistrap) de Loreto retomó el caso e inició una investigación tipificando el caso como delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
El Ministerio Público no pudo formalizar la denuncia ni continuar la investigación preparatoria porque no era posible identificar al autor del delito.
Lo ocurrido a los jóvenes colombianos no es un caso aislado. La organización CHS Alternativo revela por ejemplo que los hombres son los más afectados por trabajos forzosos y que las modalidades más frecuentes para atraerlos es a través de falsas ofertas de trabajo, amenazas y coacción de familiares o personas extrañas, aprovechamiento de su vulnerabilidad.
Una adolescente en Cusco
A la pequeña Y.N. de 12 años, la emocionaba soñar que sería una futbolista profesional. Sin embargo, por su precaria condición económica, iba a ser muy difícil hacer realidad ese sueño.
Por eso, cuando en su humilde vivienda del centro poblado Allhuacchuyo, en Santo Tomás, Chumbivilcas (Cusco), la contactaron vía Facebook para ofrecerle que siga jugando mientras trabajaba para cubrir sus gastos, no lo pensó dos veces y aceptó la oferta.
Y.N. no imaginó que iba a caer en manos de una red de tratantes, de unos delincuentes, que después de captarla por red social más importante del mundo, le ofrecieron dejar su comunidad y alojarse en las afueras de la ciudad del Cusco.
Con engaños la llevaron hasta el distrito de Saylla, en la provincia de Cusco, y una vez en el lugar, la hicieron trabajar en la venta de pollos. Los tratantes retuvieron a la menor y la obligaron a trabajar para ellos, haciéndole creer que debía pagar cuantiosas deudas por alojamiento y comida.
Felizmente, el padre de la menor reportó su desaparición y, gracias al apoyo de las autoridades pudo dar con su paradero. En el lugar. Y.N. fue encontrada junto con una mujer, la cual fue intervenida ya que estuvo dando un nombre falso para que le depositen dinero.
CHS Alternativo brindó apoyo a la menor con el kit de emergencia, la alimentación de ella y de su padre y los pasajes de retorno a su comunidad de origen. Tras la denuncia, el Ministerio Público dispuso la investigación preliminar y el caso se encuentra en fase indagatoria.
Trata laboral
La institución precisa que, aunque las mujeres son las menos afectadas por trabajos forzosos, las modalidades de captación son las mismas que para los varones.
También recuerda que el 2021 la Policía Nacional del Perú recibió 535 denuncias por trata de personas, de las cuales 133 fueron por trata laboral (explotación laboral, mendicidad y trabajos y servicios forzados).
En el 2020 la cifra de denuncias por trata de personas disminuyó, fue de 372 y por trata laboral 84, mientras que el 2019, de 509, y 133 respectivamente.
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(FIN) SMS/LIT
JRA
Publicado: 1/5/2022