La Contraloría General informó que 47 funcionarios y servidores públicos de la región Piura fueron suspendidos o inhabilitados temporalmente para ejercer la función pública, con lo cual suman 1,728 los sancionados administrativamente por inconducta funcional al 31 de diciembre del 2018.
Durante un taller informativo dirigido a periodistas, el gerente regional de Control de Piura, Joan Ramírez, anunció que en los próximos remitirán un documento a las entidades para informar la relación de estas personas sancionadas. No obstante, aseguró que la información es pública en el
portal de Contraloría, a fin de que las nuevas autoridades adopten las medidas correspondientes.
Los cinco departamentos que concentraron el mayor número de sancionados por la Contraloría son Lima (360), Cusco (136), Cajamarca (124), Lambayeque (109) y Puno (93). Mientras que los departamentos con menor número de sancionados fueron: Callao (7), Moquegua (9), Madre de Dios (11), Ica (11) y Áncash (22).
Dichos funcionarios y servidores públicos se encuentran
suspendidos (de 30 a 360 días) o
inhabilitados temporalmente para ejercer función pública (de 1 a 5 años), lo que conlleva a su desvinculación laboral con el Estado.
Entre las infracciones administrativas más frecuentes figuran actuar parcializadamente, en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.
Asimismo, incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado.
Otra infracción es incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo.
Sanciones
El funcionario refirió que, al 31 de diciembre del 2018, se han registrado 1,949 sanciones administrativas vigentes a funcionarios y servidores públicos, las cuales comprenden a 1,728 personas.
De las sanciones administrativas vigentes, el 96.9% corresponde a inhabilitación para ejercer la función pública mientras que el 3.1% corresponde a suspensión temporal.
La Contraloría General está facultada para sancionar administrativamente a aquellos funcionarios y servidores públicos que han incurrido en infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones.
Como parte de su política de transparencia, la Contraloría General ha publicado en su portal institucional
www.contraloria.gob.pe, el listado de funcionarios y servidores públicos con sanción vigente. Dicho listado también
figura en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles de la Autoridad del Servicio Civil (Servir).
(FIN) NDP/LZD/MAO