La Asociación Civil Transparencia consideró que debe prohibirse la postulación electoral de condenados por corrupción, narcotráfico, minería ilegal, y cualquier otra forma delictiva, incluso de quienes cumplen prisión preventiva por estos delitos.
En dicha prohibición también deben estar incorporados quienes se encuentren condenados o presos de forma preventiva por delitos de especialísima gravedad, como el terrorismo, la violación sexual o la trata de personas, señaló Transparencia en un pronunciamiento.
Según el planteamiento, ello debe ser parte de una reforma electoral que garantice la plena transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y campañas electorales, impida el ingreso de dinero procedente de estos delitos y eleve los estándares éticos de los candidatos.
Asimismo, propone una
reforma de la Administración de Justicia que recoja las propuestas del Acuerdo por la Justicia y considere, especialmente, la
reforma del
Consejo Nacional de la Magistratura, con participación en él de representantes de la sociedad civil.
De la misma forma, sugiere el fortalecimiento de la justicia de paz y la reducción de los jueces supranumerarios para hacer de la Corte Suprema una efectiva corte de casación.
En otro de los puntos, considera imperativo garantizar la máxima transparencia en el Estado y el acceso a la información pública, recuperando lo propuesto por la comisión que diseñó la autoridad autónoma de la transparencia, hoy "sin suficiente fuerza ni autonomía".
También destaca la necesidad de aprobar una ley de gestión de intereses, que incluya la obligación de todo funcionario de presentar una Declaración Jurada de Intereses, y transparente las relaciones entre el sector público y los legítimos intereses privados.
Dicha ley, a criterio de Transparencia, también debe regular la denominada “silla giratoria”, como mecanismo para afrontar los actuales y potenciales conflictos de intereses.
Estas y otras propuestas están incluidas en el Plan 32 de Reformas Institucionales presentado por Transparencia el año 2015, y en el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad, en diciembre del 2016.
Para
Transparencia, la importante Encuesta de Percepciones Ciudadanas sobre la
Corrupción, presentada por
ProÉtica, volvió a mostrar con crudeza la gravedad de este flagelo que afecta a la sociedad peruana.
Ella impacta negativamente sobre las condiciones de vida de la población, en las oportunidades de desarrollo del país y en la calidad de nuestra democracia, mencionó Transparencia en el pronunciamiento.
Transparencia tiene la misión de contribuir al fortalecimiento de la democracia y la calidad de la representación política, y considera oportuno reiterar la imperiosa necesidad de dar pasos firmes, decididos e inequívocos en los ámbitos de reforma institucional antes mencionados.
(FIN) NDP/MVF
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Published: 9/28/2017