El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ratifica su compromiso para la erradicación de la discriminación y la desigualdad que enfrentan las personas que integran la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI+).
Mediante un comunicado, el MIMP se manifestó de esta manera sobre el asesinato de la ciudadana Gabriela Cruz Pimentel, ocurrido el pasado 4 de setiembre en el distrito de San Miguel y los casos de violencia de género y crímenes de odio contra esta comunidad.
Como ente rector de las políticas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, el MIMP exhorta a que se deje presentar los crímenes contra las personas LGBTI+ como sucesos policiales o situaciones aisladas, porque se oculta la discriminación y el abuso de poder que se comete contra ellas a diario.
Además, se obstaculiza el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans tal como la sienten, viven y expresan.
Asimismo, pide desterrar las expresiones como “hombre vestido de mujer” y llamarlas por su nombre social porque es un acto de respeto y reivindicación a su derecho a la identidad.
Sostiene que las mujeres trans son mujeres y están incluidas en la Política Nacional de Igualdad de Género, así como las mujeres lesbianas y bisexuales.
“Los crímenes en su contra son violencia de género y crímenes de odio que deben ser investigados, juzgados y sancionados conforme a ley; y quienes cometan, apañen u obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias deben ser sancionados severamente”, anota el comunicado.
En en esa línea, el MIMP invoca a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Justicia a aplicar el enfoque de género en sus procedimientos y calificar los crímenes contra la población LGBTI+ de acuerdo con el Decreto Legislativo 1323, que considera como un agravante el “ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como sexo, orientación sexual e identidad de género”.
Recuerda que como Estado el Perú están obligados a cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia por el caso Azul Rojas Marín.
Añade que la población LGBTI+ forma parte de los grupos de especial protección para el Estado, de acuerdo con el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, debido a que su orientación sexual e identidad de género las coloca en una situación de vulnerabilidad.
Más en Andina:
Published: 9/6/2020