La Defensoría del Pueblo recordó hoy al Ministerio de Educación que debe garantizar a las personas con síndrome de Down su acceso y matrícula en instituciones educativas regulares, pero también proteger su derecho a una educación inclusiva de calidad para contribuir a su desarrollo personal a lo largo de su vida.
Por su parte, Servir y el Ministerio de Trabajo deben impulsar el ejercicio de su derecho al trabajo y desarrollar acciones orientadas al cumplimiento de la cuota de empleo, explicó la jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda.
Dijo que también tienen derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica: casarse, firmar contratos, recibir pensiones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o de la Oficina de Normalización Previsional sin necesidad de ser interdictadas, ni que se les nombre curador, entre otros.
Según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), al 2015 habían 8,800 personas con síndrome de Down, representando el 6.21% del total de personas con discapacidad registradas.
De ese total, el 44.7% son mujeres y el 55.3%, hombres; asimismo, por grupo etario, el 34.97% tiene entre 6 y 13 años de edad, el 23.72% tiene entre 18 y 29 años y el 15.01% tiene de 0 a 5 años.
Pineda recordó que el Estado peruano ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el 2008, el cual lo obliga a desarrollar políticas públicas inclusivas a favor de este sector de la población.
“Todas las instituciones deben modificar o derogar aquellas normas y disposiciones contrarias a la convención que aún persisten, así como a desarrollar políticas públicas, programas y servicios inclusivos, que reconozcan la igualdad de todos los grupos humanos, sin distinción alguna. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de trabajo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó la representante de la Defensoría del Pueblo.
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(FIN) NDP/RRC