En el marco del Día internacional de la lengua materna, la Defensoría del Pueblo reitera la recomendación a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de incorporar en la agenda pública la formación de intérpretes de Lengua de Señas Peruana (LSP), a fin de facilitar el acceso de las personas a una educación en igualdad de oportunidades.
La Defensoría del Pueblo propone también desarrollar la enseñanza y difusión de la Lengua de Señas Peruana y otros sistemas de comunicación alternativos, en cumplimiento de los artículos 3 y 5 de la Ley N°29935, ley que otorga reconocimiento oficial a la LSP.
Conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para que las personas sordas desarrollen al máximo sus potencialidades en una sociedad que valore y respete su identidad lingüística.
Para ello, se requiere, entre otros aspectos, que las entidades que brindan servicios públicos cuenten con intérpretes de LSP.
Barreras que limitan
En el ámbito educativo se evidencia la persistencia de barreras que limitan el ejercicio del derecho a la educación de las personas sordas, precisó la Defensoría.
Por ejemplo, el déficit de intérpretes de LSP y modelos lingüísticos, la falta preparación de docentes para atender las demandas educativas de este grupo de estudiantes, así como la insuficiente disposición de recursos educativos accesibles.
También ha identificado barreras que limitan la participación de las personas sordas en el proceso de elaboración de normas y políticas públicas.
Recientemente, advirtió la falta de previsión de un proceso de consulta previa a las personas con discapacidad auditiva y personas sordas durante la revisión de la propuesta de “Norma técnica para la implementación de la intervención de fortalecimiento de los servicios educativos para los estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas en los Centros de Educación Básica Alternativa».
Malena Pineda, jefa del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad indicó que las entidades públicas deben llevar a cabo procesos de consulta que garanticen la participación activa de las personas sordas.
Asimismo, señaló que los estudiantes sordos deben ser parte de los comités de selección de los intérpretes de lengua de señas y modelos lingüísticos en los servicios educativos, a fin de contribuir a la selección de personal idóneo.
La Defensoría del Pueblo, en su condición de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, seguirá atenta a que se respeten los derechos fundamentales de este grupo vulnerable.
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(FIN) NDP/ SMS
Published: 2/21/2022