La difusión de un video que muestra a un adolescente negro perder el conocimiento tras ser asfixiado por funcionarios de un centro para delincuentes generó consternación en Estados Unidos.
Cornelius Fredericks, de 16 años, murió el 1 de mayo dos días después de que educadores de la Academia Lakeside en Kalamazoo, Michigan, lo empujaran y apretaran contra el suelo por haber lanzado un sándwich contra otro muchacho en la cafetería del local.
El video de la cámara de vigilancia muestra a Fredericks lanzando el sándwich desde su mesa y luego varios hombres se abalanzan sobre él, lo derriban y se apoyan sobre su cuerpo para controlarlo. Unos 10 minutos después, el joven parece inconciente y el personal intenta reanimarlo con maniobras de masaje cardíaco antes pedir auxilio médico.
Su muerte recuerda a la de George Floyd, un afroestadounidense muerto el 25 de mayo a manos de un policía blanco que lo asfixió en una calle de Minneapolis durante su arresto. Su agonía fue filmada, se viralizó en las redes sociales y desató la cólera en Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial.
"Cultura del miedo y abuso"
Este "horrible video" de Fredericks revela una "cultura del miedo y abuso" en ese centro para delincuentes donde la práctica "regular" de la asfixia "es una forma de castigo", dijo Geoffrey Fieger, abogado de la familia de la víctima.
El joven "fue ejecutado el 29 de abril por el delito de lanzar un sándwich", denunció. Los siete funcionarios que lo inmovilizaron "lo privaron de oxígeno y su cerebro sufrió lesiones irreversibles", afirmó.
Dos educadores y una enfermera fueron inculpados por homicidio involuntario y agresión.
El abogado presentó en junio demandas civiles contra el personal implicado y contra la firma privada contratada por el estado de Michigan para administrar ese centro.
"Aunque Cornelius Fredericks gritaba 'No puedo respirar', los funcionarios siguieron sujetándolo de manera inapropiada, matándolo", dijo el abogado en su denuncia.
El letrado precisó el martes que la firma que maneja el centro propuso un acuerdo amigable de al menos un millón de dólares como indemnización para la familia de la víctima.
En junio la gobernadora de Michigan había denunciado la muerte "insensata" e "intolerable" del muchacho y anunció el fin del contrato con la sociedad privada.