El Poder Judicial (PJ) dictó una sentencia de ocho años de prisión contra Samuel Campusano Dulanto como responsable de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico, en el caso Bonos Soberanos.
Se trata de la primera condena impuesta por el PJ contra acusados por coimas a favor de la constructora Odebrecht, en el marco del caso Bonos Soberanos.
Además, el tribunal ha condenado a Pedro Cobeñas Aquino, funcionario del Ministerio de Economía (MEF), a seis años de prisión suspendida por el delito de cohecho propio. La pena se hará efectiva una vez esta quede firme y se dictò además en su contra impedimento de salida del país.
También a Gustavo Montesinos Atado, abogado involucrado en el caso, quien recibió una pena suspendida de dos años y ocho meses de prisión suspendida por encubrimiento real.
La decisión del tribunal se sustentó en correos electrónicos, documentos y registros de llamadas y encuentros entre los acusados, que demostraron la trama de corrupción.
El PJ realizará la lectura integral de la sentencia correspondiente el martes 9 de julio desde las 15:30 horas.
Campusano Dulanto fue sindicado por la fiscalía de ser responsable de ofrecer a Renato Ribeiro Bortoletti, directivo de la empresa brasileña Odebrecht, intermediar ante el Ministerio de Economía para tramitar bonos soberanos por 177 millones de soles.
Esto se hizo para garantizar el pago de la deuda que el Gobierno Regional del Cusco tenía con la citada constructora por la vía de evitamiento de dicha ciudad.
Se dispuso que la pena impuesta sea ejecutada de manera provisional, a partir de la fecha, por lo que, concluida la audiencia, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para ser recluido en un penal.
Testimonio en su contra
Según el testimonio de Carlos Campusano Dulanto, hermano de Samuel, este entregó al funcionario del Ministerio de Economía, Pedro Cobeñas Aquino, más de 100,000 soles para que gestionara la emisión de esos bonos.
Para determinar la responsabilidad de Campusano, el tribunal se valió de los datos consignados en correos electrónicos, documentos, llamadas y pagos.
Reparaciones civiles
Campusano Dulanto deberá pagar una reparación civil de un millón de soles a favor del Estado por el delito de tráfico de influencias y 300 mil soles por los delitos de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio, de forma solidaria con Cobeñas Aquino.
Mientras que Montesinos Atao deberá pagar una reparación civil de 35 mil soles.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado es presidido por la jueza especializada Juana Mercedes Caballero García, y está integrado por sus colegas Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias.
(FIN) FGM/CVC
GRM
Más en Andina:
Published: 6/27/2024