La agencia calificadora de riesgo Moody’s Investors Service desestimó hoy que el caso “Odebrecht” pueda afectar la consolidación fiscal en el Perú, en un contexto en el cual la economía nacional podría crecer 3.7% este año.
“No creemos que la desaceleración del crecimiento económico afecte sustancialmente los esfuerzos de consolidación fiscal de las autoridades que apuntan a un déficit de 2.5% del PBI para el 2017”, indicó.
El vicepresidente senior de Análisis de Moody’s, Jaime Reusche, señaló que teniendo en cuenta las consecuencias del caso Odebrecht en el Perú, la agencia bajó la proyección de crecimiento para el 2017 a 3.7% desde una estimación anterior de 4.5%.
Sesgo al alza del PBI
“Observamos, sin embargo, que podría haber algún riesgo al alza de nuestro pronóstico de crecimiento de 3.7%. Las condiciones externas parecen estar mejorando, lo que favorecería los términos de intercambio”, sostuvo.
Reusche añadió que los principales indicadores de la actividad económica en el Perú sugieren que la demanda interna podría fortalecerse en los próximos meses.
“El efecto de un crecimiento más lento en los ingresos fiscales debería ser parcialmente compensado por la multa de 262 millones de dólares al consorcio que no cumplió con el contrato del gasoducto del sur”, afirmó.
Agregó que dado que el proyecto se ha detenido, el Gobierno ya no incurrirá en los gastos vinculados al gasoducto.
“Más importante aún, creemos que el gobierno peruano tiene un fuerte compromiso para reducir el déficit fiscal. Esto se reflejó en el desempeño superior del año pasado respecto al objetivo de déficit de 3% del PBI para el 2016, ya que el déficit del sector público no financiero llegó a 2.7% del producto, pese a las difíciles condiciones económicas”, dijo.
Solvencia soberana del Perú
“En ese sentido, desde la perspectiva de Moody's, una respuesta de política fiscal efectiva sigue siendo un elemento clave de apoyo a la solvencia soberana del Perú”, aseveró.
El informe toma como punto de partida la decisión del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de aplicar la cláusula penal de 262 millones de dólares (0.1% del PBI) contra el consorcio que administraba el proyecto del Gasoducto Sur Peruano.
La brasileña Odebrecht, una empresa constructora que enfrenta cargos de corrupción en toda América Latina, fue una de las principales partes interesadas en el consorcio y no pudo obtener financiamiento para la fase de construcción del proyecto en el plazo estipulado en el contrato con el Gobierno.
El contrato fue anulado y se espera que, lo más pronto posible, el proyecto sea relanzado dentro de los próximos 12 meses, según la calificadora.
(FIN) CNA/JJN
Published: 2/6/2017